Palacio Legislativo 18-10-2012 (Notilegis).- El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) presentó una iniciativa para reformar los artículos 73, 74 y 117 de la Constitución, para que la Cámara de Diputados apruebe la contratación de créditos a los estados.

El objetivo es evitar que las entidades federativas contraigan deudas para allegarse recursos, indicó el legislador.

Recordó que en México, el desarrollo del mercado local de financiamiento a estados inició a finales de los años noventa, cuando la calificadora Fith Ratings asignó a Sonora la primera calificación de riesgo crediticio a una identidad mexicana.

En la misma época, un grupo de estados tomaron la decisión de ser calificados: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, Estado de México, San Luis Potosí, Puebla, Tabasco, Nuevo León, Morelos y Veracruz.

En la argumentación, se expone que el marco jurídico otorga a las entidades federativas facultades para contratar créditos con la condición de destinarse a inversiones públicas y ser pagaderos en moneda nacional.

Los gobiernos estatales han utilizado la deuda pública con mayor frecuencia para obtener recursos adicionales a los generados por la recaudación de impuestos locales y a los aportados por la federación.

Estos recursos muchas veces han sido manejados con total opacidad, indicó el legislador.

Aseguró que “entre 1994 y 2010 se ha registrado un crecimiento sostenido de la deuda de estados y municipios, al pasar de 26 mil 728.5 millones de pesos a 314 mil 664.5 millones de pesos y para junio de 2012 a 404 mil 409.5 millones de pesos”.

Mientras que en 1994 el monto del endeudamiento subnacional presentaba 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y 64.5 por ciento en relación con las participaciones federales; en 2010, el porcentaje respecto al PIB se incrementó a 2.4 por ciento y a 72 por ciento respecto de las aportaciones federales.

Este incremento en la deuda se debe principalmente a la falta de monitoreo y leyes efectivas derivado de la subordinación de los poderes Legislativo y Judicial locales a cacicazgos gubernamentales, indicó.

AMR