Palacio Legislativo, 23-10-2012 (Notilegis).- El diputado Ricardo Villarreal García (PAN) presentó una iniciativa para incluir procesos de evaluación de control de confianza en los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de enfrentar las acciones del crimen organizado.

La iniciativa reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En algunos casos se incorporan las palabras “control de confianza” y en otros artículos la frase completa: “Para acceder a las categorías señaladas en (….), se requerirá aprobar procesos de evaluación de control de confianza”.

En su exposición de motivos, Villarreal García señala que el crimen organizado es un fenómeno que se ha reproducido al grado de vulnerar y corromper el aparato institucional del Estado.

Ha logrado sembrar la corrupción y con ello debilitar a las instituciones públicas convirtiéndolas en presa fácil de la criminalidad, agrega.

Es de suma importancia que en la actividad judicial participen los mejores ciudadanos, “cuya actuación pública sea intachable y ejemplo para los demás ciudadanos, cuyo patrimonio sea bien habido, y que cuente con el equilibrio de salud física y metal para poder ejercer de mejor manera su encargo”.

El legislador indicó que desafortunadamente, la debilidad institucional hace creer a los criminales que pueden quedar sin castigo y los ciudadanos asumen que no tienen en la autoridad más cercana a ellos ninguna defensa.

Lo anterior, implica que tanto los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, de la PGR, del Poder Judicial y del Poder Legislativo han sido corrompidos por poder económico de las bandas criminales.

En tal virtud, la impunidad permite que aquellos delitos vinculados al narcotráfico, al crimen organizado y los del orden común, como el robo, el secuestro, o la extorsión y el homicidio se cometan en forma recurrente.

Ante esta difícil situación, resulta indispensable que las distintas autoridades judiciales garanticen que cada uno de sus elementos sean funcionarios confiables para la sociedad mexicana.

Señaló que el Ejecutivo federal ha dado pasos firmes en la certificación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Procuraduría General de la República.

La construcción de la seguridad auténtica –agrega- requiere que el Poder Judicial también implemente acciones que garanticen que los jueces y magistrados sean sometidos a exámenes de control de confianza y se contribuya a la profesionalización fortaleciendo los márgenes de seguridad, confiabilidad, eficiencia y competencia de sus servidores públicos.

Propone que el Poder Judicial Federal cuente con un sistema de reclutamiento y selección ágil y confiable que permita el ingreso de los candidatos más capaces y apegados a principios institucionales de acuerdo a los perfiles de puestos establecidos por la misma.

Además, plantea un riguroso proceso de evaluación, sistemático y periódico, del personal en activo, para contribuir a verificar que actúe dentro del marco de la legalidad y la ética.

Los miembros del Sistema de Carrera Judicial que no cumplan con los requisitos de evaluación de control de confianza y que aparezcan datos de que se encuentran vinculados con el crimen organizado, dejarán de prestar sus servicios, previo desahogo del procedimiento que establece el artículo 132 de esta ley y se hará la denuncia correspondiente al ministerio público.

Los demás empleados que no aprueben los procesos de evaluación y que aparezcan datos de que se encuentren vinculados con el crimen organizado, dejarán de prestar sus servicios en la misma, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y se hará la denuncia correspondiente al ministerio público.

Los miembros del Sistema de Carrera Judicial o empleados del Poder Judicial de la Federación que no aprueben los procesos de evaluación de confianza y que no estén vinculados con delitos del crimen organizado, serán sometidos a un proceso de capacitación, a efecto de ser reinstalados en sus funciones.

La iniciativa fue turnada a comisiones unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, para su dictamen.

JGM