Palacio Legislativo 31-10-2012 (Notilegis).- El diputado José Ángel Ávila Pérez (PRD) presentó una iniciativa de reforma constitucional y al reglamento de la Cámara de Diputados para dotar de autonomía y de una Constitución Política al gobierno del Distrito Federal.

“La agenda local de la Ciudad de México no puede soslayar por más tiempo la reiterada demanda de los habitantes del Distrito Federal por alcanzar la plenitud de sus derechos políticos, para poder darse su Constitución y su gobierno”, indicó.

El legislador perredista aseguró que el Distrito Federal autónomo “puede coexistir en completa armonía y sin entorpecer el adecuado funcionamiento de los poderes federales”.

El modelo propuesto le permitirá asumir y enfrentar los retos que plantean su condición de ser la capital de la República, sede de los poderes federales, centro político, económico, social y cultural del país, así como una de las metrópolis de más grandes concentraciones de población del planeta.

En la propuesta de reforma se faculta al Poder Legislativo local para expedir la Constitución Política de la Ciudad de México, con prohibiciones y limitaciones similares a las de los estados del país.

Mantiene el método de elección directa para designar al titular del Poder Ejecutivo local, así como el principio de no reelección para volver a ocupar ese cargo bajo cualquier modalidad.

En caso de falta absoluta del titular del Poder Ejecutivo local, el legislativo local designará al interino o sustituto en los términos establecidos en la Constitución del Distrito Federal.

Se propone otorgar al Poder Legislativo local el derecho a participar, al igual que las demás entidades federativas, en el proceso de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual este poder local pasa a formar parte del Constituyente Permanente.

El legislativo local también tendrá derecho de iniciar leyes o decretos en cualquier materia ante el Congreso de la Unión, en los mismos términos que las legislaturas de los estados.

El Poder Legislativo de la Ciudad de México tendrá la facultad de aprobar y establecer las modalidades de la deuda pública de la entidad, siempre bajo los principios constitucionales establecidos para los empréstitos.

En cuanto a la división política y administrativa de la Ciudad de México se propone la creación de demarcaciones territoriales, las cuales estarán gobernadas por un Consejo de Gobierno, integrado por un titular y concejales, de acuerdo al número que determine la Constitución Local, los cuales serán electos de manera universal, secreta y directa por los ciudadanos de esa demarcación.

En esta iniciativa se propone que las demarcaciones territoriales cuenten con plena autonomía en la aplicación y destino de su presupuesto.

La hacienda pública del Distrito Federal mantendrá su carácter unitario a cargo del gobierno central. Corresponderá al Poder Legislativo local examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de la ciudad y de las demarcaciones territoriales.

Además se propone la constitución de un Sistema de Coordinación Fiscal Local propio de la Ciudad de México, el cual deberá considerar criterios poblacionales, capacidad económica, marginalidad social, infraestructura y necesidades específicas.

Este sistema buscará en todo momento una distribución equitativa que asegure el más alto grado de bienestar y justicia social, de los recursos financieros destinados a las demarcaciones territoriales.

La Constitución local establecerá un sistema de responsabilidades de los servidores públicos, acorde con el Título IV de la Constitución.

Por primera vez, agregó el diputado, la Ciudad de México tendrá un sistema de responsabilidades locales propio, que atienda las exigencias de sus ciudadanos y las características específicas de la entidad.

Se mantiene la facultad del Presidente de la República para ejercer el mando superior de la fuerza pública en la Ciudad de México.

El titular del Poder Ejecutivo Local tendrá a su cargo la dirección de la fuerza pública pero no su mando superior y podrá designar y remover al servidor público que la tenga directamente a su cargo, pudiendo también ser removido por el Presidente de la República.

Se establece la obligación de las autoridades locales de coadyuvar en todo lo necesario para que la ciudad pueda fungir como capital, debiendo auxiliar a las autoridades de los Poderes Federales en todo lo que se refiere al buen funcionamiento de éstos.

Los Poderes Federales tendrán la obligación de aportar los recursos necesarios para cubrir los gastos que se derivan de la capitalidad de la Ciudad de México, que son realizados por las autoridades locales para cubrir los gastos en servicios, infraestructura y exenciones fiscales.

Además de proponer una reforma al artículo 122 constitucional, incluye una serie de artículos constitucionales que deberán ser reformados, con el fin de dar sistematización y congruencia al texto constitucional, derivado del nuevo estatus jurídico de la Ciudad de México propuesto.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

AMR