Palacio Legislativo, 13-11-2012 (Notilegis).- La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza) presentó una iniciativa para expedir la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), con el objeto de reglamentar su operación como un organismo autónomo.

La iniciativa reforma reformar los artículos 3º de la Constitución Política y 12, 29 y 31 de la Ley General de Educación.

La legisladora recordó que el INEE se creó el 8 de agosto de 2002, como organismo público descentralizado, con el objetivo de ofrecer a las autoridades educativas federal y estatales, y a la sociedad, las herramientas idóneas para evaluar los diferentes elementos que integran el sistema educativo en los niveles básico y medio superior.

Señaló que estas funciones las ha desempeñado el INEE “con rigor académico y seriedad, pero con un limitado alcance e impacto en la definición de las políticas educativas”, por lo que “se hace necesario promover y hacer efectivo un cambio en su naturaleza jurídica”.

Recordó que la Constitución Política ya reconoce autonomía al Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Banco de México.

“Se aspira a que más que puntos de referencia, el trabajo del INEE sea rector de las acciones públicas que se tomen en materia de evaluación para nuestro sistema educativo”, agregó Garfias Gutiérrez.

El diseño y coordinación de la evaluación del Sistema Educativo Nacional, en los niveles medio y medio superior, así como de las instituciones de educación normal y para la formación y actualización de maestros de enseñanza básica, será competencia del INEE.

La formación y resultados que arroje el INEE serán considerados vinculatorios para la federación, estados, Distrito Federal y municipios, en la integración de políticas públicas que permitan elevar la calidad de la educación y el mejoramiento de su equidad.

Se propone que el INEE se rija bajo la dirección de una junta de gobierno como órgano de dirección, con 11 integrantes que serán designados por la Cámara de Diputados o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, atendiendo la propuesta del titular del Poder Ejecutivo.

Para garantizar la autonomía del organismo, sus integrantes no deberán formar parte de algún órgano del Estado o partido político.

Los miembros de la junta de gobierno tendrán una duración de seis años, tomando posesión de su cargo a la mitad del sexenio en curso, con el fin de garantizar su autonomía y disminuir la probabilidad de que sus decisiones se vinculen al ciclo político sexenal.

El presidente del Instituto tendrá el cargo por un tiempo de tres años.

Se dotará al instituto de un consejo técnico conformado por diversos miembros que sean expertos en los campos de la evaluación y la investigación, así como en los temas administrativos que competen a sus áreas operativas, quienes serán designados por la junta de gobierno en consideración a sus méritos y perfiles personales.

También se dota al instituto de un consejo consultivo para que se cuente con la opinión de los actores que se vinculan directamente con el tema de la evaluación y la calidad del sistema educativo.

A este consejo serán invitados a participar los responsables de las áreas de evaluación educativa de las 32 entidades, integrantes de la federación, así como un representante del Consejo Nacional de Autoridades Educativas; de la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional, del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

También contempla la participación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; del Consejo Mexicano de Investigación Educativa; de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia; de la Unión Nacional de Padres de Familia; y de la Comisión de Educación del Sector Empresarial.

La ley establece las bases de la organización y funcionamiento del INEE, observando en sus funciones los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad, independencia, oportunidad, eficacia y equidad.

Se pretende que los procesos de evaluación, resultados y estudios que el INEE genere, sean referentes y vinculatorios para el diseño de políticas públicas en materia de educación.

Sin embargo, aclara la legisladora en su iniciativa que en ningún momento se pretende privar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la facultad que tiene para realizar evaluaciones respecto al estado que guarda el sistema educativo nacional.

“Lo que se busca es que a través del INEE, se consolide una cultura de la evaluación que desde una figura de autonomía y transparencia aporte a nuestro sistema educativo mejores elementos para la toma de decisiones”.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen, y a la de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

JGM