Palacio Legislativo 13-11-2012 (Notilegis).- El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano propuso reformar el artículo 25 de la Ley General de Educación para garantizar que el país invierta al menos el dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a investigación científica y al desarrollo tecnológico.

Con esta medida se pretende elevar la productividad y alcanzar mejores estándares en la materia a nivel internacional, indicó la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez.

Recordó que en la última década, México no ha cumplido a cabalidad lo que estipula actualmente la ley, de destinar el uno por ciento del PIB en ciencia y tecnología.

“Situación que lo posiciona en los últimos lugares de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, expresó en la iniciativa que presentó ante el Pleno.

Propuso reformar ese artículo 25, para que “independientemente del monto destinado a la educación año con año, se deba asignar al menos el dos por ciento del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas”.

La reforma también establece que el monto anual que la federación, entidades y municipios destinen al gasto en educación pública y en los servicios educativos, tendrá que ser mayor al ocho por ciento del PIB del país.

Recordó que México dedica el 5.7 por ciento de su ingreso nacional a educación, que representa el 21.7 por ciento del gasto público total, frente al 13.3 por ciento promedio en el conjunto de países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sin embargo, agregó, más del 90 por ciento del presupuesto para la educación se destina a gasto corriente, “gasto corriente, infructuoso, por cierto, ya que ni los maestros ni los alumnos son debidamente evaluados y la infraestructura del sistema educativo es francamente deplorable”.

La legisladora dijo que esta situación “hace aún más imperioso que se destine un mayor presupuesto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

ALRG