Palacio Legislativo 15-11-2012 (Notilegis).- El diputado Andrés de la Rosa Anaya (PAN) presentó una iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con el objetivo de que jueces y magistrados distribuyan de mejor manera su carga de trabajo.

Recordó que el Poder Judicial de la Federación sustancia las controversias que se le presentan con motivo de un diferendo de causas civiles, administrativas, mercantiles, o bien, la resolución de procesos penales.

Para la sociedad en general resulta de mayor importancia en materia penal, contar con instituciones judiciales sólidas y eficaces que garanticen imparcialidad, legalidad y justicia en la determinación de las resoluciones que emitan los jueces, indicó el legislador.

Sin embargo, agregó, ante el gran número de procedimientos que son sustanciados ante los jueces de distrito y los tribunales unitarios de circuito, el elemento de expedites en muchas ocasiones se encuentra ausente, dicha situación deja en evidencia la falta de recursos materiales y humanos del Poder Judicial.

Señaló la urgente necesidad de llevar a cabo reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que permitan a jueces y magistrados distribuir de mejorar manera las cargas de trabajo.

De acuerdo al Informe Anual 2011 del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura federal reportó que durante ese año se registró el ingreso de 906 mil 623 asuntos de carácter judicial, así como el egreso de 881 mil 998 asuntos judiciales.

También reportó que durante ese año, 906 mil 623 casos ingresaron en conjunto a los tribunales unitarios y colegiados de circuito y los juzgados de distrito.

La mayor parte de ellos fueron en materia penal (33 por ciento), seguida por la administrativa (27 por ciento), civil (22 por ciento) y trabajo (19 por ciento). Los egresos por su parte ascendieron a 881 mil 998 casos, que distribuyeron en proporciones prácticamente idénticas entre las cuatro materias.

“Estos datos resultan relevantes en la medida que nos permite identificar que en materia penal se requiere llevar a cabo una reestructura en la distribución de asuntos, a fin de aligerar a los jueces federales la presión de resolver asuntos que por su naturaleza redundan en la libertad de las personas.”, destacó de la Rosa Anaya.

La iniciativa tiene como objetivo que los tribunales colegiados de circuito tengan la facultad de conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias definitivas por delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento en todas sus modalidades.

Lo anterior para que los tribunales unitarios que conocen al día de hoy de estos delitos liberen mucha de la carga de trabajo con la que actualmente cuentan, dejando en manos de los Colegiados la resolución de estos delitos en apelación.

“Esta iniciativa no pretende modificar el funcionamiento operativo ni la estructura de los tribunales y juzgados federales, por el contrario, tiene como finalidad equilibrar la carga de trabajo en los juzgadores federales para abonar a una justicia pronta y expedita que sin duda redunde en beneficios para los ciudadanos”, señaló.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia.

ASC