Palacio Legislativo, 05-07-2013 (Notilegis).- Para garantizar el derecho constitucional de acceso a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad de los 66.4 millones de personas que sufren hambre en el país, deben instalarse comedores públicos, planteó el diputado Gerardo Villanueva Albarrán (MC).

Con una inversión del dos por ciento de lo asignado a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cantidad que en 2013 equivaldría a mil 905 millones de pesos aproximadamente, se podrían instalar tres mil 175 comedores públicos con un costo de instalación y mantenimiento anual cada uno de 600 mil pesos, señaló.

En estas unidades alimentarias se proporcionarían 200 raciones de alimentos diarias, por el precio simbólico de 10 pesos, mismas que podrían ser gratuitas en comunidades agrícolas, marginales e indígenas, agregó.

Comentó que, si se aplicaran, asimismo, los cuatro mil 120 millones de pesos asignados a la Sedesol bajo el concepto de Apoyo Alimentario, se podrían poner en marcha siete mil 036 comedores adicionales.

“Con 10 mil 211 comedores públicos en todo el país, al ritmo de 200 raciones, se podrían dar más de dos millones de raciones de comida diariamente”, explicó.

El legislador indicó que en México, más de tres millones de menores se ven obligados a trabajar en condiciones precarias y mal pagadas para ayudar en los gastos alimentarios de sus hogares, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las condiciones laborales precarias, extremas y mal pagadas han provocado que más de un millón de menores de cinco años en el país presenten desnutrición crónica, especialmente en comunidades rurales y suburbanas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), dijo.

Recordó que en 2011, el Congreso de la Unión modificó el artículo 4 de la Constitución para establecer que el Estado garantizará el cumplimiento del derecho de toda persona a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, por lo que urgen políticas públicas encaminadas a cubrir dicho mandato.

Con ese objeto, el pasado 29 de abril, el legislador de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Comedores Públicos, la cual fue turnada a la Comisión de Desarrollo Social, con Opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, y se encuentra pendiente de dictaminación.

“Debiera de aprobarse esta ley y etiquetarse este presupuesto, reorientando el dinero que se va a la Cruzada contra el Hambre, que ha resultado ser una herramienta política más del partido en el poder y no una política pública seria que esté respaldada por los principios de cualquier derecho humano y social, como el de la alimentación”, concluyó.

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