Palacio Legislativo 08-07-2013 (Notilegis).- Diputados locales y federales del PRD pidieron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) investigar a fondo la actuación de los abogados involucrados en el caso del centro nocturno Cadillac y actue conforme a la ley.

En torno al fenómeno de la trata de personas opera una red delincuencial, que ha hecho de la defensa de los inculpados “un negocio redondo”, indicaron en un comunicado el diputado federal Carlos Augusto Morales y los asambleístas del Distrito Federal, Esthela Damián, Efraín Morales y Daniel Ordóñez.

Afirmaron que pidieron al procurador capitalino, Rodolfo Fernando Ríos Garza, que investigue si los abogados de los involucrados hacen un uso inadecuado de la cédula profesional.

“Si bien es cierto todos tenemos el derecho constitucional a ser defendidos, también lo es que esta defensa debe apegarse estrictamente al marco legal vigente”, señalaron.

El pasado domingo 30 de junio, policías de la PGJDF aseguraron el inmueble del Cadillac, ubicado en la colonia Anzures, por una denuncia de que en el lugar operaba una red de presunta trata de personas y detuvo a 14 personas.

Los legisladores señalaron la necesidad de determinar si la actuación de los litigantes se ha apegado a derecho o si incurrieron en la comisión de algún ilícito en la defensa de sus clientes, entre los que se encuentran meseras, personal de seguridad, empleados y el encargado del establecimiento, Rodrigo Ampudia.

“Son abogados que realizan todo tipo de gestiones y de defensa para lograr la libertad a ultranza o sobornando a autoridades, que incluso han llegado a ejercer la violencia física o psicológica sobre las víctimas para que éstas retiren las denuncias interpuestas o cambien su versión de lo declarado ante el agente del Ministerio Público”, resaltaron.

Pidieron al procurador capitalino indagar las amenazas que han recibido las 46 mujeres que trabajaban en el Cadillac, para que retiraran sus denuncias.

También urgieron a la PGJDF a esclarecer si el grupo de bailarinas que presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), por supuestos abusos y presiones durante el operativo realizado en el Cadillac, lo hizo por propia iniciativa o bajo amenazas.

YRE/JGM