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Nota N°. 3905 La Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que presentó el Ejecutivo pide considerar contextos demográfico, social y económico

Palacio Legislativo, 15-08-2013 (Notilegis).- En su iniciativa de Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), turnada ayer miércoles a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo federal propone considerar los contextos demográfico, social y económico de los docentes, en la evaluación de su desempeño.

También se pide tomar en cuenta los recursos o insumos humanos, materiales u financieros destinados al Sistema Educativo Nacional y otras condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El Ejecutivo federal envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión las propuestas elaboradas en el marco del Pacto por México de las tres leyes reglamentarias de la reforma educativa, promulgada en febrero pasado, las cuales fueron turnadas este miércoles a San Lázaro, como cámara de origen.

La Ley del INEE, una de las tres reglamentarias, debe expedirse a más tardar el 26 de agosto y está previsto que se apruebe durante el periodo extraordinario de la próxima semana, del 21 al 23 de agosto, junto con la Ley General de Educación y la Ley General de Servicio Profesional Docente.

Esta propuesta de ley señala que el INEE contará con plena autonomía técnica de gestión, presupuestaria y para determinar su organización interna.

En la reforma a los artículos 3 y 73 constitucionales en materia educativa, el INEE pasó de ser un organismo descentralizado a un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Tendrá como objeto coordinar el Sistema Nacional de la Evaluación Educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional, a nivel público y privado, en todas sus modalidades.

Asimismo, deberá diseñar y expedir los lineamientos generales a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación.

Además, tendrá atribuciones para determinar los niveles mínimos para el ejercicio de la docencia y para los cargos con funciones de dirección y supervisión, y para autorizar los indicadores para la promoción, permanencia y, en su caso, reconocimiento de los docentes.

Dichos indicadores deberán ser validados, en relación con la función correspondiente, en los distintos niveles de la educación básica y media superior, para diferentes tipos de entornos.

El INEE también proveerá a las autoridades educativas de la información generalizada o individualizada que sea necesaria para el cumplimiento de la Ley General del Servicio Profesional Docente y emitirá directrices para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación y su equidad, las cuales se harán de conocimiento público.

El proyecto de ley enviado a la Cámara de Diputados indica también que el Sistema Nacional de Evaluación Educativa tiene por objeto garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.

Establece que los proyectos y acciones que se realicen en materia de evaluación se llevarán a cabo conforme a una política nacional de evaluación conformada por, al menos, los objetos, métodos, parámetros, instrumentos y procedimientos de la evaluación.

Así como las directrices derivadas de los resultados de los procesos de evaluación, los indicadores cuantitativos y cualitativos , los alcances y las consecuencias de la evaluación y los mecanismos de difusión de los resultados, entre otros rubros.

En el documento se menciona que el INEE deberá garantizar el acceso a toda información relacionada con el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, la cual será de interés social y de utilidad pública.

El instituto deberá presentar al Congreso de la Unión, de manera anual, un informe sobre el estado que guardan los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional, derivado de las evaluaciones, el cual se hará público, y un informe de las actividades y ejercicio del gasto del año anterior.

Finalmente, la iniciativa plantea que organizaciones no gubernamentales y padres de familia participen como observadores en la evaluación educativa.

Propone la creación de un consejo consultivo dentro del INEE, para facilitar la participación activa y equilibrada de actores del proceso educativo y de los sectores social, público y privado.

OAA/JGM

 
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