Palacio Legislativo, 31-08-2013 (Notilegis).- Los coordinadores parlamentarios del PRI y PAN afirmaron que la Ley General del Servicio Profesional Docente se debe discutir en la primera sesión del periodo ordinario, que inicia este domingo, mientras que el del PRD rechazó que se tenga alguna fecha establecida.

En declaraciones a la prensa por separado, en el marco de la sesión preparatoria del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, los tres coincidieron en que no se podría derogar la reforma constitucional en materia educativa, como lo plantea la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Sin embargo, dejan abierta la posibilidad de que se pueda integrar un agregado al dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente, una de las reglamentarias de la reforma educativa, en caso de llegar a un acuerdo con la CNTE.

El priista Manlio Fabio Beltrones Rivera aseguró que esa ley debe discutirse durante primera sesión ordinaria y que, en caso de llegar a algún acuerdo con los maestros de esa organización, podría presentarse como un agregado a su dictamen.

“El trabajo legislativo nos permite que, en el momento que se conozca el dictamen que ha sido aprobado en la Comisión de Educación, podamos enriquecerlo con algún documento en donde vengan descritas las modificaciones que hayan sido pactadas”, señaló.

Sin embargo, aseguró que hasta ahora el único planteamiento preciso que han presentado es sobre la abrogación de la reforma educativa, lo cual “es imposible de obsequiar”.

“Si lo que quieren (los maestros) es seguir pronunciando discursos políticos, estaremos nosotros pacientemente escuchando discursos políticos, pero si lo que ponen sobre la mesa son propuestas, propuestas habremos de discutir, y de la discusión seguro que saldrá una propuesta que podamos traer al Pleno”, agregó.

El panista Luis Alberto Villarreal García aseguró que la Ley General del Servicio Profesional Docente es el corazón de la reforma educativa y debe ser discutida en la sesión inmediata al inicio del primer periodo ordinario, que sería el próximo martes, y consideró “inadmisible” modificar su contenido.

“El Servicio Profesional Docente debe permitir que la Ley General de Educación y la del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa puedan funcionar y no podemos darnos el lujo de aprobar una norma que no resuelva y que no complemente de manera integral una reforma de hondo calado, como es la educativa”, dijo.

Señaló que el artículo 37 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en su fracción Quinta, “establece que aquellos asuntos que se enlistaron para un periodo extraordinario, si no fueron desahogados en el mismo, deben desahogarse en la sesión inmediata al inicio del periodo, es decir, en la primer sesión ordinaria del periodo”.

Silvano Aureoles Conejo, coordinador del PRD y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), rechazó que se tenga una fecha estalecida de cuándo se discutirá esa ley.

“En el tema legislativo, nosotros estamos buscando que esta ley medular para la reforma constitucional, se procese de la mejor manera posible”, dijo.

“Les pido a los demás grupos parlamentarios respeto a los procedimientos legislativos y que no haya madruguetes (en la aprobación de esa ley) no se necesitan, no por madrugar amanece más temprano”, dijo.

Expresó su confianza en que haya avances en las tres mesas de trabajo que concluyen este sábado entre legisladores federales y dirigentes de la CNTE sobre la reforma constitucional y sus tres leyes secundarias.

Consideró difícil que la reforma educativa se pueda derogar, como lo han propuesto los integrantes de la CNTE, puesto que se requieren las dos terceras partes de los integrantes del Pleno.

Sin embargo, aclaró que en las leyes secundarias se pueden hacer cambios.

“Si se aprobara la ley secundaria con observaciones, con puntos que no se incluyeran y que aún fueran polémicos, aún no se acaba ahí porque es una mayoría simple y en el futuro podríamos ver algún ajuste, si es que así fuera el caso”, detalló.

Señaló que “la ley no debe de afectar derechos laborales, no debe tener un sentido privatizador, ni ser el garrote para perseguir a los maestros”.

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