Palacio Legislativo, 13-09-2013 (Notilegis).- El coordinador de MC, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado al gobierno capitalino y federal a no usar la represión para resolver las inconformidades sociales, en referencia a un eventual desalojo de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que permanecen en el Zócalo capitalino.

“Hacemos un llamado (a no usar la represión) porque puede provocar una escalada de violencia y de persecución a los opositores en el país, por parte de los órganos de represión del sistema del Estado mexicano”, dijo en conferencia de prensa.

El diputado insistió en que el diálogo es la única vía para enfrentar los conflictos provocados por la inconformidad social.

“Nosotros nunca aceptaremos la violencia, la represión, como medida o alternativa a la solución de conflictos o problemas sociales”, dijo.

En otro tema, el legislador consideró que la reforma hacendaria y de seguridad social enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados “no es una panacea” que ayude al país a salir adelante, sino “está destinada a destruir a la clase media”.

Señaló que con esta propuesta “el PRI quiere resolver los problemas del país mediante el endeudamiento”.

“Con la reforma hacendaria se pretende recaudar 240 mil millones de pesos; es más la deuda que van a adquirir que lo que van a recaudar, porque están planteando 1.5 de déficit el año próximo, y eso equivale a cerca de 300 mil millones de pesos”, explicó.

Monreal Ávila agregó que ni con la deuda que se pretende adquirir, sumada a los recursos que se pretenden recaudar se “lograría tapar el hoyo, o boquete financiero” que dejará la propuesta contenida en la reforma energética para permitir los contratos de utilidad compartida entre la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas privadas.

En la conferencia de prensa, el vicecoordinador de MC, Ricardo Mejía Berdeja, condenó que se hayan declarado como infundadas las pruebas a favor de la liberación del indígena tzotzil, Alberto Patishtán Gómez, por lo que continuará en prisión cumpliendo una condena de 60 años.

Ayer viernes, el primer tribunal colegiado del vigésimo circuito con sede en Chiapas declaró infundadas las pruebas con las cuales los abogados de Alberto Patishtán pretendían obtener su reconocimiento de inocencia.

Patishtán Gómez, un maestro indígena bilingüe, se encuentra preso en Chiapas desde hace 13 años, acusado de homicidio y lesiones calificadas, daños en propiedad ajena y portación ilegal de armas de fuego.

Se le señala como responsable de emboscar y matar él solo, a siete policías estatales que iban a bordo de una patrulla en un paraje del municipio de El Bosque y Simojovel, en junio del año 2000, por lo que fue sentenciado a 60 años de cárcel.

A mediados del pasado mes de agosto, Amnistía Internacional consideró injusta su sentencia y encontró irregularidades en el proceso.

“Nos parece que la justicia en el país está podrida, está siempre sujeta al mejor postor, al que tiene más influencias, al que tiene más dinero, al que representa compromisos económicos o con los poderes fácticos”, opinó Mejía Berdeja.

Subrayó que las autoridades mexicanas liberan a los culpables de los delitos, en tanto, en casos donde hay elementos de inocencia, como el de Alberto Patishtán, no aplican la justicia.

Finalmente, se manifestó en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el pasado 3 de septiembre aprobó un nuevo criterio jurisprudencial que establece que los derechos humanos que emanan de los tratados internacionales tienen rango constitucional en tanto no se contradigan con las restricciones marcadas por la Constitución Política.

OAA