Palacio Legislativo, 19-09-2013 (Notilegis).- La Comisión de Seguridad Pública aprobó tres dictámenes que buscan incrementar las sanciones a la práctica del autosecuestro, apoyar presupuestalmente a asociaciones dedicadas a la búsqueda de menores extraviados y para garantizar la cientificidad y objetividad en las evaluaciones de los servidores de instituciones de seguridad pública.

El primer documento avalado propone sancionar con mayor dureza la práctica de la simulación de secuestro, al aplicar un castigo de 200 a 700 jornadas de trabajo comunitario o, en su defecto, una pena corporal de tres a seis años.

Para ello, modifica el artículo 13 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo primero constitucional.

Señala que, a pesar de que el autosecuestro es un acto simulado, genera daños reales en los allegados de quien lo realiza, además de que impulsa la actividad del Estado y lo obliga a gastar recursos en la persecución de un secuestro inexistente.

Actualmente, la pena a dicha conducta es de cien a trescientas cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

Los integrantes de la comisión también aprobaron un dictamen que reforma la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

El propósito de dicho documento es apoyar con recursos públicos a las asociaciones ciudadanas dedicadas a la búsqueda y localización de menores de edad extraviados o sustraídos de forma ilegal, así como de personas mayores de edad y a la asistencia de víctimas indirectas de dichos actos.

Asimismo, ratificaron un decreto que modifica los artículos 22 y 25 del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Artículo 17 de la Ley de la Policía Federal, cuyo trámite no había sido completado.

El dictamen tiene por objeto que en las evaluaciones para los servidores públicos de instituciones de seguridad pública, se garantice la cientificidad y objetividad de los procesos de evaluación y control de confianza y se lleven a cabo con total apego al respeto de los derechos humanos y a la dignidad del evaluado.

OAA