Palacio Legislativo, 20-09-2013 (Notilegis).- El Estado mexicano ha avanzado para establecer la igualdad de género hacia su población, sin embargo, el sistema judicial aún arrastra prejuicios que no garantizan imparcialidad en sus decisiones para las mujeres, coincidieron funcionarias y especialistas feministas.

Jueces y juezas toman decisiones basándose en “supuestos roles” que existen entre mujeres y hombres, afirmó la jurista y experta en derechos de las mujeres, Alda Facio Montejo, durante el conversatorio “El Estado mexicano y la Cedaw (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer)”.

Precisó que entre los prejuicios que se tienen en varias entidades del país, está el pensar que el lugar de las mujeres debe ser en el hogar y que si aún con el sustento del hombre deciden trabar remuneradamente fuera de casa, “son malas madres”.

“En Veracruz, por ejemplo, el marido puede decir que se hace cargo de los hijos porque ella se sale a trabajar, porque es mala madre”, dijo.

Asimismo, comentó que existe hostigamiento hacia el sector femenino desde el nivel policial, ministerios públicos y jueces de ambos sexos, que ponderan los derechos de los hombres sobre los de las mujeres.

Facio Montejo explicó que de acuerdo a la Observación General 28 de la Cedaw, los Estados tiene la obligación de eliminar la superioridad del sexo masculino en la sociedad, y garantizar la igualdad de género, que no es lo mismo que la equidad.

“La equidad tiene que ver con darle a cada persona lo que necesita, pero sin eliminar la discriminación, mientras que la igualdad lo exige”, dijo.

Celebró que varias dependencias y órdenes de gobierno en México hayan adoptado el término igualdad de género, como es el caso del Congreso de la Unión, donde las comisiones, antes llamadas de Equidad y Género, ahora se nombran la Igualdad de Género, luego de la reforma de abril de este año.

La Cedaw fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de la ONU y es considerada la Carta internacional de los derechos humanos de las mujeres.

Consta de un preámbulo y 30 artículos, en los que define el concepto de discriminación contra la mujer y establece una agenda para la acción nacional con el objetivo de poner fin a tal discriminación.

México ratificó la Convención el 23 de marzo de 1981, año en el que entró en vigor en nuestro país.

La representante en México de ONU Mujeres, Ana Güezmes García, indicó que el Estado mexicano ha avanzado en gran medida para acatar las observaciones de la Cedaw, entre ellas, las de establecer medidas temporales a favor de las mujeres como lo establece la recomendación número 5.

Dicha observación señala que los Estados firmantes deben hacer uso de medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato preferencial o los sistemas de cupos para que la mujer se integre en la educación, la economía, la política y el empleo.

Güezmes García precisó que dicho cumplimiento se ve reflejado claramente en dos rubros, el de cuotas para espacios públicos a favor de las mujeres y el presupuesto etiquetado para políticas transversales.

Subrayó que existen jurisprudencias en México que dictan que estas medidas son constitucionales y deben ser progresivas e irreductibles.

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