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Nota N°. 4652 Aprueba comisión dictamen que establece penas de prisión y multas económicas a quien desvíe recursos, numerarios o en especie del Sistema de Protección Social en Salud

Palacio Legislativo 15-10-2013 (Notilegis).- La Comisión de Salud aprobó el dictamen por el que se establecen penas de cuatro a siete años de prisión y multas de mil a 500 mil días de salario mínimo, a quien desvíe recursos, numerarios o en especie, del Sistema de Protección Social en Salud.

El documento reforma la Ley General de Salud y es parte del conjunto de iniciativas que el Ejecutivo federal remitió a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre, como parte de la Reforma Hacendaria y de Seguridad Social.

La reforma busca mayor eficiencia en los servicios estatales de salud, asegurando que los recursos que se transfieren a este sistema, se utilicen de la mejor manera y para los fines a que fueron asignados.

Se detalla que la protección social en salud es el mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso oportuno, de calidad, sin desembolso, en el momento de utilización, y sin discriminación, a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de los afiliados.

En las consideraciones, se señala que al cierre del 2012, los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud ascendían a 52 millones 908 mil 11 y el presupuesto asignado al programa federal Seguro Popular para 2013 llegó a 66 mil 791 millones 938 mil 634 pesos.

En la discusión, a propuesta del diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (MC), se modificó el artículo 469 Bis, con el propósito de que la pena mínima de prisión para quien desvíe los recursos del sistema sea de cuatro años y no de dos, como se establecía en la iniciativa del Ejecutivo federal.

Al fundamental el dictamen, el presidente de la Comisión de Salud, diputado Isaías Cortés Berumen (PAN), expresó que se establece una serie de elementos que permiten consolidar a la Secretaría del ramo como instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección Social en Salud.

Define a los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud como estructuras administrativas que realizan las acciones que en dicha materia provea la Secretaría o que dependan o sean coordinadas por la encargada de conducir la política en la materia, en las entidades federativas.

Indicó que se mejora la transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos del sistema y establece que los recursos que transfiere el gobierno federal a las entidades federativas por concepto de cuota social y de aportación solidaria podrán realizarse en numerario o en especie, a fin de garantizar que la población cuente con los medicamentos y demás insumos para su atención.

Cortés Berumen subrayó que se elimina la figura del Consejo Nacional de Protección Social en Salud y fortalece los beneficios que otorga la afiliación al Sistema; además de que homologa la Ley General de Salud y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en cuanto a la transferencia de recursos federales a las entidades federativas.

También, precisó, establece la obligación de informar a la autoridad competente cuando se tenga conocimiento de que alguna entidad federativa no ha comprobado los recursos que aporta el gobierno federal para el Sistema.

Por el PRI, los diputados María de las Nieves García Fernández, Francisco Javier Fernández Clamont, Lizbeth Gamboa Song, Zita Beatriz Pazzi Maza y Leobardo Alcalá Padilla manifestaron que la reforma otorgará transparencia a las entidades federativas para el uso de los recursos en relación a las acciones médicas que deben llevar a cabo.

Destacaron que la transferencia podrá ser numeraria o en especie, lo que garantizará el abasto de medicamentos. Además, generará ahorros gubernamentales y eficiencia en el manejo de los recursos en todos los estados.

Fernández Clamont resaltó que el gasto público en salud ha aumentado de forma importante, pues tuvo un incremento del 155 por ciento en términos absolutos entre el 2000 y 2009, pasando de 142 mil millones a más de 362 mil millones de pesos; su porcentaje en relación con el PIB es del 2.3 al 3.1 por ciento.

Gamboa Song pidió que los recursos se entreguen con prontitud y celeridad a las entidades del país más lejanas, pues “cuando se trata de salud un segundo hace la diferencia”.

Los legisladores del PRD, Antonio Sansores Sastré, Eva Diego Cruz y Martha Lucía Mícher Camarena resaltaron la necesidad de que se puedan fiscalizar los recursos del sistema y que sean ejercidos con transparencia.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (PAN) argumentó que esta reforma dará beneficio a los usuarios del Seguro Popular.

RED/AMR/JGM

 
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