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Nota N°. 4795 Reitera Monreal Ávila rechazo a homologación del IVA en zonas fronterizas y dice que existe descontento de la población que ha derivado en ideas separatistas

Palacio Legislativo 28-10-2013 (Notilegis).- El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Monreal Ávila, reiteró su rechazo a la homologación del IVA en las zonas fronterizas y dijo que existe un descontento de la población que ha derivado en ideas para separarse del territorio mexicano.

En conferencia de prensa, previo inicio de la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado de MC señaló que en la zona norte del país viven unos 25 millones de consumidores, que serán afectados por el incremento de 11 a 16 por ciento en la aplicación del IVA en esas zonas.

Aseguró que en Baja California y Chihuahua han surgido movimientos de ciudadanos que llaman a la separación e independencia con respecto a México.

La homologación del IVA en todo el territorio nacional figura en la reforma hacendaria que presentó el Ejecutivo federal el pasado 8 de septiembre, que fue aprobada en San Lázaro y se analiza en el Senado de la República.

“Tan sólo en Baja California hay una página llamada Baja California independiente que ya tiene 125 mil seguidores, podríamos decir que la reforma fiscal está provocando el nacimiento de un partido fronterizo norteño radicalmente separatista”, dijo.

Monreal Ávila comentó que, de aprobarse este gravamen, la vida en la frontera será más cara, por lo que a los mexicanos de clase media les será más barato, confortable y seguro vivir del lado estadounidense que del mexicano.

En la misma conferencia de prensa, el vicecoordinador de MC, Ricardo Mejía Berdeja, anunció que su fracción presentará un punto de acuerdo para solicitar información a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respecto de la compra de su edificio sede.

Indicó que el edifico fue contratado a 20 años por dos mil 332 millones de pesos, precio tres veces mayor a su valor original.

Comentó que solicitarán también a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Función Pública investiguen las actuaciones de los funcionarios públicos en esta adquisición y posibles responsabilidades penales.

AMR/JGM

 
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