Palacio Legislativo, 29-10-2013 (Notilegis).- El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés (PAN), aseguró que, de aprobarse la reforma al Código Penal en materia de indulto presidencial, se beneficiaría al indígena tzotzil Alberto Patishtán Gómez, pero también a otras personas en situación similar.

“Con la reforma se establece la facultad para la Cámara de Diputados y el Senado para poder solicitar al Ejecutivo el indulto en un caso particular… de proceder, la reforma, aplicaría no sólo a ese caso, sino a cualquier otro”, explicó en declaraciones a la prensa previas a la sesión de hoy martes.

El diputado presidente señaló que, de aprobarse la reforma, seguramente diferentes legisladores promoverán la petición del indulto para Patishtán Gómez, sentenciado en Chiapas a 60 años de prisión por el asesinato de siete policías estatales, propuestas que deberán someterse a consideración del Pleno.

“El primer paso es ver si procede la reforma al Código Penal (que aprobó el Senado como cámara de origen y la turnó a San Lázaro) para que la Cámara de Diputados pueda hacer la solicitud”, concluyó.

La reforma faculta al Ejecutivo federal a conceder indulto, por sí o a petición de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.

La Comisión de Justicia aprobó este martes el dictamen de la minuta y está previsto que se le puedan dispensar los trámites para que sea discutida y sometida a votación durante la sesión del Pleno.

Patishtán Gómez, un maestro indígena bilingüe, se encuentra preso en Chiapas desde hace 13 años, acusado de homicidio y lesiones calificadas, daños en propiedad ajena y portación ilegal de armas de fuego.

Se le señala como responsable de emboscar y matar él solo a siete policías estatales que iban a bordo de una patrulla en un paraje del municipio de El Bosque y Simojovel, en junio del año 2000, por lo que fue sentenciado a 60 años de cárcel.

A mediados del pasado mes de agosto, Amnistía Internacional consideró injusta su sentencia y encontró irregularidades en el proceso.

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