Palacio Legislativo, 29-10-2013 (Notilegis).- Los diputados aprobaron por unanimidad, con 436 votos a favor, una minuta del Senado para armonizar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con la Ley General de Cambio Climático, promulgada en junio de 2012, y la enviaron al Ejecutivo para su promulgación.

El dictamen, propuesto en diciembre de 2012 por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN), adiciona una fracción XLI al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estará obligada a elaborar y aplicar, junto con otras instancias, las políticas públicas para cumplir con la Ley General de Cambio Climático.

El documento dice que en 2009 se iniciaron los trabajos para la expedición de la Ley General de Cambio Climático; no obstante, quedaron pendientes acciones para hacerla congruente con diferentes leyes federales para hacer cumplir los preceptos del nuevo ordenamiento.

Por ello, propone coordinar a la Semarnat con las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; y de Relaciones Exteriores.

Menciona que el país “ha demostrado un gran compromiso con la agenda internacional de medio ambiente y desarrollo sustentable, y participa en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes, siendo líder en temas como cambio climático y biodiversidad”.

No obstante -indica- el crecimiento económico del país sigue vinculado a la emisión de compuestos de efecto invernadero, generación excesiva de residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera, aguas residuales no tratadas y pérdida de bosques y selvas.

Agrega que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el costo económico del agotamiento y la degradación ambiental en México en 2011 representó 6.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“Con la aprobación de esta reforma se garantiza el principio de legalidad previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se cumplimenta el objeto de la ley mencionada”, concluye.

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