Palacio Legislativo 01-11-2013 (Notilegis).- El diputado Guillermo Sánchez Torres (PRD) propuso incrementar las sanciones con hasta 15 años de prisión, a quien realice actos de espionaje a través de redes de telecomunicación y recordó los recientes casos protagonizados por el gobierno de Estados Unidos.

En una iniciativa, que analiza la Comisión de Justicia, plantea establecer penas 10 a 15 años de prisión (actualmente es de uno a cinco años) y multas de 10 mil a 100 mil días de salario mínimo, que en este último caso ascendería a unos 647 mil 600 pesos,

Estas sanciones se aplicarían a quienes dolosamente o con fines de lucro, interrumpan o interfieran las comunicaciones alámbricas, inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelitales.

El diputado perredista señalo que el caso de espionaje de Estados Unidos a diversos gobiernos del mundo, pone de manifiesto cómo, a través de empresas en cooperación con el Estado, se interceptan comunicaciones entre usuarios de todas las plataformas de telecomunicaciones.

Sánchez Torres también propuso sancionar a quienes comercialicen equipos, aditamentos o cualquier instrumento informático que permita la intercepción de las comunicaciones por cualquier medio electrónico que curse por las redes públicas de telecomunicaciones.

Indicó que ante el avance de la tecnología es necesario fortalecer el marco jurídico que protege la comunicación de índole privada entre dos o más personas, así como los datos personales

Destaca que en países como Rusia, Argentina y Estados Unidos se cuenta con casos documentados donde se demuestra que los gobiernos están siendo, o fueron, víctimas de espionaje como es el caso de Argentina y Rusia.

Los gobiernos democráticos son los primeros que deben salvaguardar el derecho de cada uno de sus ciudadanos a tener un espacio privado, vías de comunicación seguras e inviolables, aseguró el legislador.

Resaltó que el espionaje pone en riesgo la seguridad de las personas, ya que las hace vulnerables a extorsiones o chantaje, a la privación de su libertad, de su patrimonio e incluso de su vida.

Consideró que las sanciones que actualmente se establecen -de uno a cinco años de prisión y de 100 a 10 mil días de multa- “son reducidas considerando el delito de que se trata, así como la gravedad de las consecuencias del mismo”.

La iniciativa que propone reformar el artículo 11, adicionar el artículo 167 Bis y derogar la fracción VI del artículo 167 del Código Penal Federal, se turnó a la Comisión de Justicia.

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