A más tardar en tres semanas concluirá la averiguación previa sobre la explosión en la Mina 8 de Pasta de Conchos en Sabinas, Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, de los que sólo rescataron dos cuerpos y sus familiares se niegan a tramitar las actas de defunción. A casi un año del accidente, únicamente cuatro familias de los 65 fallecidos han tramitado sus actas de defunción a pesar de que ya existen los certificados médicos del Ministerio Público para que se tramiten las actas ante el Registro Civil, informó el fiscal especial del caso, Jorge Ríos Coss.

En entrevista con Notimex, el funcionario de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila aseguró que el tiempo que lleva la averiguación previa se debe a que existen infinidad de dictámenes y estudios que debieron haberse hecho, para determinar las posibles responsabilidades. Agregó que el entonces delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Pedro Isaac Camarillo Adame, quien debía haber verificado las condiciones de trabajo de la mina, es probable que haya huido pues no acudió a los dos últimos citatorios que se le enviaron para comparecer ante el Ministerio Público.

A su vez, el presidente de la Comisión Legislativa Especial para determinar las causas de la explosión en Pasta de Conchos, Jericó Abramo Masso, aseguró que tendrá que determinarse el grado de responsabilidad de la empresa y de los trabajadores. El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el estado de Coahuila sostuvo que todavía no se puede determinar si hubo negligencia, aunque el Ministerio Público así lo define ya.

Argumentó que aún no se sabe si fue un accidente o por razones de falta de seguridad, pues aún no se cuenta con las pruebas en la comisión legislativa, pero a su juicio podría tratarse de una responsabilidad muy grave de la empresa.

Abramo Masso añadió que el detector de gases explosivos debía estar activado, y en caso de alcanzar los niveles de explosividad del ambiente tenían que suspender actividades de manera automática; sin embargo, "estaba puenteado" y por lo tanto no hubo suspensión de actividades.

Aunque el Ministerio Público asegura que la empresa Industrial Minera México ha ofrecido toda la información que se le ha solicitado, el diputado Abramo Masso recordó que en la reciente reunión a la que fue convocada esa directiva no fueron capaces de demostrar que había medidas de seguridad. El legislador federal detalló que en aquella ocasión, hace 10 días, acudieron a la cita con diputados de todos los partidos políticos, los directivos Armando Ortega, del área Jurídica; Francisco Manso, de Minas (Notimex, 14:06, 08/02/07, nbsg).