Las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y el Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, coincidieron en expresar su preocupación por los términos que plantea la reforma en materia de telecomunicaciones, sobre las facultades del organismo autónomo que sustituirá a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), y la “opinión no vinculante” que se pretende otorgar al Presidente de la República en el otorgamiento o retiro de concesiones de radio y televisión.
En entrevista, el diputado federal del PAN, Juan Pablo Adame, señaló que su bancada si presentará reservas al proyecto, mismas que se analizan de la mano de especialistas en telecomunicaciones.
Puntualizó que el aspecto que ha concentrado las observaciones de Acción Nacional, refiere a las facultades que tendrá el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), pero en especial el poder de opinión que tendrá el Primer Mandatario en la decisión respecto a qué concesión de medios masivos se otorga y a quién.
Adame Alemán subrayó que si la nueva institución será autónoma, ese carácter debe ser pleno y por tanto, no hay necesidad alguna de que el Jefe del Ejecutivo Federal emita una opinión “no vinculante” que debe ser competencia exclusiva de una instancia de decisión técnica, no política.
“Nos referimos a la autonomía plena que debe tener el órgano y que este órgano tal cual, tiene que gozar de esas facultades. Y no es necesaria la opinión del Ejecutivo para que se pueda tener una determinación totalmente técnica acerca de concesiones que se puedan emitir a partir de este instituto”, planteó.
El legislador aclaró que el PAN no está trabajando en sus reservas con “personeros de nadie”, es decir, con cabilderos o representantes de los concesionarios que podrían ver sus intereses afectados por la reforma.
También rechazó que exista conflicto alguno entre diputados, senadores y la dirigencia del partido, ello, pese a las opiniones y críticas lanzadas por el senador Javier Lozano. Al interior del PAN, dijo, todos han sido convocados a dialogar y expresar sus posturas y por ello, nadie debe autodenominarse como “excluido”.
Asimismo, enfatizó que pese a la celeridad en el análisis en comisiones, que se le busca dar al proyecto, no se puede hablar de una aprobación “fast track” ni que este pueda ser ni será “una camisa de fuerza” para su partido, que tiene plena voluntad de aprobar los cambios que el país requiere en materia de telecomunicaciones.
En tanto, a nombre de la bancada del Movimiento Ciudadano (MC), la diputada Luisa María Alcalde, reiteró que la reforma en telecomunicaciones presenta avances, pero también tiene deficiencias que le dan tintes “presidencialistas”.
En un comunicado, la diputada secretaria de la Comisión de Radio y Televisión, indicó que entre los puntos que generan inquietud entre su bancada, está el de la integración del
(IFETEL) y la nueva Comisión Federal de Competencia Económica, cuyos miembros, serían propuestos al Presidente, por otras instancias “subordinadas” al propio Ejecutivo Federal.
Tras calificar como “grandes” los avances en materia de combate a los monopolios y concentración de concesiones entre los competidores del mercado, en la creación de nuevas cadenas de televisión, la decisión de generar competitividad en el sector, dotar de acceso a banda ancha a la población y la creación de organismos reguladores autónomos, el proyecto tiene aspectos que “atentan contra su finalidad democrática”.
Ello, porque la reforma plantea que el Presidente nombrará a los miembros de los entes autónomos, pero a propuesta de otras instancias que no son independientes y cuyos titulares, son designados por el propio Primer Mandatario.
La legisladora añadió que otro punto que genera rechazo, es la exclusión de actores como la UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del Comité Técnico que propondría al Presidente a los miembros del IFETEL y el otro organismo regulador.
En cuanto a permitir inversión extranjera en televisión al 100 por ciento, la diputada Alcalde calificó la propuesta como “catastrófica en términos de imposición de tendencias de consumo descontextualizadas, la incapacidad de participación real de las opciones de contenidos independientes y desde luego la derrama económica y fuga de capital al extranjero, conllevando además la pérdida de la soberanía tecnológica”.
Aunque la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) negó que se haya retirado del dictamen la obligación a concesionarios de TV abierta, de entregar su señal de manera gratuita, sin cobro de contraprestaciones a las cableras, la legisladora insistió en que ello si ocurrió.
Incluso, advirtió que en esas condiciones, “la tendencia claramente sería encaminada a un aumento de costo a los consumidores, y aumento de poder de control a los titulares de las concesiones de televisión radiodifundida abierta”.
También expresó que quedaron fuera del dictamen tópicos como la regulación del derecho de réplica, reglas claras para fijar tarifas de servicios de telecomunicaciones, obligaciones para mejorar contenidos, más facultades y fortaleza a los medios públicos, espacios para radios comunitarias y la participación de la sociedad civil y comunidad académica en la elaboración del documento. ys/m.