La Cámara de Diputados recibió un punto de acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que exhorta al Congreso de la Unión a no aprobar la aplicación del IVA en alimentos y fármacos, como parte de la reforma hacendaria.
El órgano legislativo capitalino consideró que esa medida significaría acrecentar la endeble situación económica de los mexicanos, pero sobre todo haría mucho más vulnerables a las personas que viven en condición de pobreza.
De ahí que la Asamblea condenó toda propuesta o intento que provenga de los poderes Ejecutivo o Legislativo federales, de cualquier partido o expresión política, o de cualquier sector o grupo social de imponer el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicamentos como parte de la reforma en materia hacendaria.
En el punto de acuerdo se menciona que “las y los legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nos encontramos comprometidos con la equidad distributiva, con la justicia social y con la recaudación eficiente pero diferenciada, en la defensa de las personas más vulnerables”.
Argumentó que en general “podemos afirmar que prevalecen graves problemas y rezagos en materia de educación, salud, y combate a la pobreza, una seguridad social que encarece el trabajo formal y en donde los subsidios generalizados son altamente inequitativos”.
También se refirió a un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que da cuenta del bajo crecimiento de los salarios, la pérdida de poder adquisitivo, el aumento del precio de la canasta alimentaria, la pobreza y la tasa de desempleo, así como la dispersión de los programas sociales en los últimos años.
En el documento, la ALDF consideró que “el gobierno de México no es responsable del aumento de los precios de los alimentos, pero sí es responsable del altísimo nivel de dependencia agroalimentaria, que fue resultado de las políticas de corte neoliberal aplicadas”.
En específico aseveró que desde el año 2000 se perdieron 15 mil industrias manufactureras y un millón de empleos, “vacío productivo propio de la política globalizadora” basada en desiguales acuerdos comerciales internacionales, en particular del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Asimismo advirtió que aplicar este impuesto en alimentos, como han sugerido algunos sectores incluido el empresarial, agravaría la situación de hambre y pobreza de más de 20 millones de mexicanos que tienen carencias de seguridad alimentaria y que no cuentan con los ingresos suficientes para comprar la canasta básica.
La Asamblea Legislativa local aseveró en su documento que sin aplicar dicho gravamen a fármacos y alimentos se pueden elevar los ingresos fiscales en más de 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), pero se requieren tasas de impuestos diferenciadas para que quienes ganan más, también paguen más. /gh/m