Diputados federales analizan la propuesta de reforma a la Ley General de Educación para que se lleven a cabo evaluaciones psicológicas del personal docente y directivo, así como estudiantes, a fin de elevar el nivel de seguridad en las escuelas.
La diputada María Guadalupe Mondragón, secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, detalló que es necesario fortalecer las medidas legislativas en torno a la prevención de delitos en general y de agresión a las comunidades educativas.
Detalló que se debe considerar la garantía del derecho a la protección a la salud mental para niñas, niños y adolescentes así como para las y los trabajadores de la educación.
“No sólo se trata de prevenir muertes en las escuelas, sino alinear a escuelas, maestros y autoridades en el marco de las obligaciones constitucionales de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos”, afirmó.
La diputada federal resaltó que no es suficiente hacer saber a los padres de familia sobre probables riesgos para sus hijas o hijos, sino brindarles atención y hacer efectivo el derecho a la protección a la salud.
Por ello, la reforma a la Ley General de Educación incluye evaluaciones de carácter psicológico al personal docente y directivo, a efecto de certificar que son aptos para relacionarse y otorgar buen trato a niñas, niños y adolescentes, detalló.
Indicó que con la propuesta se extiende el esquema de evaluaciones psicológicas a los Consejos de Participación Social tanto municipales como estatales, para que dichos organismos sean la fuente de donde se difunda e implementen los programas de prevención del delito.
En particular, dijo, la evaluación y atención psicológicas de personas “en riesgo de cometer algún delito causándose daño a sí mismas y a las demás”.

En el caso de los menores de edad, puntualizó, la responsabilidad de que gocen del derecho a la protección a la salud recae en los padres o tutores. /jarm/m