La Ley de Responsabilidad Ambiental representa el documento legislativo en materia de ley reglamentaria del Artículo 4 constitucional más relevante en la historia de México, aseveró el diputado federal pevemista Arturo Escobar y Vega.
Respecto al principio “el que contamina paga” que se maneja en la legislación aprobada el miércoles pasado, explicó que una vez publicada de manera oficial se regularán las conductas ambientales de personas físicas como Pemex, pasando por la CFE y los gobiernos federal, estatales y municipales.
“Es un documento de orden legal en materia ambiental que busca otorgar certidumbre jurídica a empresas y ciudadanos, así como a las propias autoridades ambientales en conflictos producidos en esa materia y nos pone a la vanguardia con los países más avanzados a nivel mundial”, remarcó Escobar y Vega en entrevista.

Para el coordinador de la diputación federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la referida ley no propone un régimen punitivo pues, por el contrario, introduce diversos incentivos para que los conflictos jurídicos y sociales ocasionados por el daño ambiental se resuelvan mediante mecanismos alternativos de solución.
Insistió en que constituye una de las reformas más relevantes de los últimos años dentro del sistema jurídico ambiental del país y refleja el esfuerzo legislativo y el compromiso del Congreso de la Unión por la preservación de la naturaleza.
Arturo Escobar confió en que ese ordenamiento “dará certidumbre a los mexicanos y a todos aquellos que tengan interés en actividades que pudieran vulnerar de alguna manera el equilibrio ecológico”.
De igual forma, añadió, establece los límites a los que deben sujetarse y también cuáles serán las consecuencias legales a las que se habrán de enfrentar si se violenta ese régimen jurídico y propicia la aplicación de equipo y programas ambientales para evitar las sanciones, que pueden llegar hasta 35 millones de pesos.
El representante popular planteó que, a diferencia de las actuales leyes que desde su perspectiva no son idóneas para reclamar los daños al medio ambiente, la nueva legislación resuelve y define qué es y qué no es daño ambiental.
También cómo se debe reparar y cómo y cuándo debe compensarse esa afectación, con lo que se dará certidumbre jurídica tanto a empresas y ciudadanos, así como a las propias autoridades ambientales. /arm/m