El Vicepresidente de la Cámara de Diputados, José González Morfín, señaló, “no podemos aceptar ni permitir que la impunidad sea el común denominador en los conflictos que se viven en México porque ello representa un retroceso de una sociedad que busca avanzar en desarrollo y democracia”.

En comunicado, señaló que "como legisladores hemos impulsado reformas que buscan el mejoramiento de la vida de los mexicanos, ya sea con la reforma laboral o la educativa, sólo por citar un par de ejemplos; sin embargo en el país se siguen registrando hechos a la vista de todos, completamente ilegales, contrarios a la democracia, que afectan a terceros y en donde no se hace valer la ley".

Además, citó como ejemplo los desmanes y las protestas con daños a propiedades públicas y ajenas, de parte de los maestros de la CETEG, así como la toma de las instalaciones de rectoría por un grupo de personas que finalmente la liberaron este miércoles 1 de mayo.

"Ya pasada la visita del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es momento de que el foco no se pierda y se vuelva a los problemas que persisten en México y que podrían agravarse en los siguientes días. Se deben tomar las medidas pertinentes, pero sobre todo legales, que den solución a los conflictos", expresó.

Así mismo, sostuvo que las autoridades del país no pueden convertirse en rehenes de grupos que delinquen y que, cobijados por la libertad de manifestación, incurren en delitos de diversa índole en donde se afecta a cientos o miles de personas como ocurrió con los bloqueos carreteros registrados en Guerrero o su entidad natal, Michoacán.

"Creo que la autoridad no puede permanecer a la expectativa o sólo en la contemplación de estos eventos, incluida la cooptación electoral en Veracruz probada con videos. Si se comete un delito se tiene que aplicar la ley, la autoridad tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos y por el buen manejo de los recursos públicos".

También, comento que los delitos de este tipo no pueden quedar impunes, hay ciudadanos que se han visto afectados, que han perdido parte de su patrimonio o que han padecido repercusiones diversas, como el sector turismo en Guerrero, o que se les ha pretendido condicionar la ayuda social pública a cambio de su voto.
"Por eso, la autoridad, del nivel correspondiente a cada hecho, ya sea estatal o federal, tiene que asumir su responsabilidad y actuar con apego a la ley, de lo contrario, les habrán tomado la medida y, en automático, perderán su calidad y credibilidad, con los riesgos que ello conlleva", advirtió.

Si en México se trabaja por la construcción de leyes, señaló, le corresponde a las autoridades en los estados y en el gobierno federal, aplicarlas, no convertirse en rehenes de grupos de supuestos maestros, encapuchados o cualquier otro que tenga como recurso único la violencia, la descalificación o el anonimato y menos aún, solapar actos fuera de la ley, como la compra de votos. /arm/m