Enrique Méndez, reportero: El PRD en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública federal, con objeto de evitar el nombramiento discrecional de los delegados de las dependencias federales, principalmente los que operan programas sociales.

En la iniciativa, el diputado Carol Antonio Altamirano (PRD) plantea que deben fortalecerse los requisitos para ocupar un cargo de esta naturaleza, y su propuesta incluye que los aspirantes a delegados federales no hayan sido dirigentes de partidos políticos, candidatos a puestos de elección popular en las entidades donde se propone sean representantes de las dependencias del gobierno; también no haberse desempeñado con el cargo de mando medio o superior en responsabilidades afines a las de las delegación correspondiente.

El diputado perredista explicó que la iniciativa será presentada el miércoles en la comisión permanente del Congreso de la Unión y busca evitar el manejo electoral de los programas de la federación.

Hasta ahora, expone en el documento, se vive un fenómeno recurrente en la actuación con fines políticos de los delegados federales, así como en la opacidad en el manejo de los programas federales, así como la ausencia de mecanismos para presentación de quejas ciudadanas e incumplimiento de los límites que imponen las leyes electorales.

También señala que la falta de una regulación estricta en el nombramiento de delegados impide su imparcialidad; y señaló que ello ha permitido que se reproduzcan las denuncias que en 2010 expresaron los diputados federales del PRI sobre la designación partidista de los delegados.

Esta práctica, agrega, se repite en el actual gobierno federal, a pesar “de que los priístas reclamaron con energía la falta de perfil profesional y el conflicto de intereses políticos por el nombramiento de personas con vínculos e intereses partidistas en las entidades donde representaban a la federación”.

La iniciativa también propone transparentar los padrones de beneficiarios de programas sociales; incluir un calendario de entrega de apoyos y subsidios a la población con un desglose por estado, municipio y localidad; así como aplicar un mecanismo de atención confidencial, oportuna y accesible para denuncias cuando se condicione la entrega de apoyos. dlp/m