El TEPJF tiene plena competencia en el tema de la elección del consejero del IFE que sustituirá a Sergio García Ramírez en un asiento en el Consejo General, al cual renunció en enero pasado.
El diputado Luis Antonio González Roldán, del partido Nueva Alianza, explicó que el TEPJF “es la máxima autoridad jurisdiccional en materia político-electoral, y si bien es cierto que lo hace uno de los poderes, que es la Cámara de Diputados (la elección del consejero), también es cierto que la autoridad máxima es el tribunal”.
En entrevista con Notimex, el integrante de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados dijo que según la convocatoria que aprobó la JUCOPO de San Lázaro, el proceso debió haber concluido en abril de este año, último mes del segundo periodo del primer año de la LXII Legislatura.
González Roldán, miembro de dicha instancia legislativa, que se encargó del proceso para elegir de entre 37 aspirantes a cinco finalistas para ocupar este cargo ciudadano, explicó que la JUCOPO hasta hoy no ha llegado a un acuerdo.
Destacó la necesidad de un acuerdo para nombrar a uno de los cinco finalistas, que sea votado en el pleno por las dos terceras partes, a fin de lograr una mayoría calificada y designar al consejero electoral que ocuparía el cargo hasta el 30 de octubre de 2019.
El también secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales indicó que otro punto de diferencia en este tema es que los coordinadores del PAN, Luis Alberto Villarreal, y del PRD, Silvano Aureoles, han manifestado que se acatará la resolución del TEPJF.
Esta se refiere a concluir el procedimiento para la elección del consejero sustituto, pero advirtieron que no se logrará la votación calificada en el pleno.
Ambas fracciones han expuesto su rechazo a este nombramiento, que de acuerdo con la Constitución y el Código Federal de Procedimientos Electorales, debió haber sido a la “brevedad”, desde antes de abril; ya que, argumentan, debería ser hasta octubre próximo, cuando concluyen cinco consejeros más sus mandatos.
Otro argumento es que el PAN se opone a que gane la cuota partidista en favor del PRI, fracción que ha insistido en que se cumpla la ley y se elija a la brevedad al consejero, además de que señala que si habrá una reforma electoral y se creará un nuevo Instituto Nacional de Elecciones, no tiene caso nombrar ahora al consejero sustituto.
La JUCOPO podría llegar a un acuerdo el lunes para que en el periodo extraordinario que inicia este martes 16 de julio se presente el nombre de uno de los cinco finalistas que sería votado y así concluir el proceso de elección de consejero electoral, que fue lo que ordenó la resolución del TEPJF.
Sin embargo, el vicecoordinador jurídico del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, señaló que se tiene hasta el 19 de julio, fecha que concluirá el primer periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para designarlo, y Aureoles Conejo manifestó que su bancada analiza el tema, lo que abre la posibilidad de que se llegue a un acuerdo.
Con base en lo anterior, el diputado González Roldán explicó que el tema debe verse en dos aristas: la jurídica y la electoral, y concluyó que para armonizar ambas el Tribunal Electoral tiene plena competencia.
“Creo, bajo esta premisa y tratando de armonizar la cuestión política con la jurídica, que el tribunal tiene plena competencia, así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algunas ejecutorias y en algunas jurisprudencias que ya existen con relación en materia electoral”.
En la conversación, el diputado federal explicó que el tema debe ser visto desde dos puntos de vista, el jurídico, en el cual sí se podría caer en un desacato.
“Yo considero que la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sí tiene plena competencia para poder tomar la determinación que a derecho corresponde”, planteó.
Puntualizó que existen antecedentes, como es el caso de Yucatán, en 1991, en razón de la designación de consejeros electorales, aunque hay una diferencia en tiempo y modificaciones legislativas que dieron al tribunal un carácter constitucional.
“La gran diferencia es con relación a 1991, con lo que vivimos actualmente, es en el sentido de que en aquellos años el Tribunal era un tribunal de legalidad, ahora por mandato del Artículo 99 de la Constitución Política mexicana, es un tribunal de constitucionalidad”.
Lo anterior quiere decir que el TEPJF debe ser garante de que la Constitución debe cumplirse en todos sus términos y que la normalidad institucional sea plenamente garantizada.
Sin embargo, planteó, en el ámbito político lo que se tiene es que por mandato de ley se debe resolver este tema de conformidad con el voto aprobatorio de las dos terceras partes del pleno de la Cámara de Diputados, y por lo que se prevé no existe el consenso para lograrlo.
Recordó que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados en tiempo y forma complementó todos los actos tendientes a la sustitución del consejero electoral por la renuncia de Sergio García Ramírez, a finales del mes de enero de este año.
La Comisión de Gobernación puso a la JUCOPO los resolutivos y los cinco nombres de conformidad al formato aprobado en la convocatoria para este fin. /arm/m