La legisladora Lizbeth Rosas Montero propuso a la Secretaría de Gobernación instalar un sistema de alarma sísmica que sea transmisible y activable automáticamente a todos los teléfonos celulares en uso entre la población.
Durante un encuentro con Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador Nacional de Protección Civil de la dependencia, señaló que esta acción permitirá a la ciudadanía prevenirse antes de que los efectos de un sismo con epicentro en ciertas regiones lleguen a lugares más vulnerables, como la Ciudad de México.
La secretaria de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados argumentó que un sistema de este tipo es viable si se logran establecer los convenios respectivos con las empresas telefónicas.
También planteó la conveniencia de realizar reformas para homologar a nivel nacional la estructura jurídica en materia de protección civil y en la cual se incluiría, por ejemplo, la profesionalización de los titulares de las áreas correspondientes a nivel estatal y municipal.
En este sentido argumentó que actualmente muchos de ellos carecen del perfil y experiencia en el tema y hay entidades como Sinaloa, Quintana Roo, Baja California y Colima, donde no han avanzado ni en la elaboración de sus atlas de riesgos.
"Se requiere urgentemente que la federación tenga un plan y una agenda de riesgos que incluya las particularidades de todas las entidades federativas", enfatizó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La perredista comentó que durante este encuentro los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) descalificaron al subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Roberto Campa Cifrián.
Incluso, agregó, fue cuestionado ya que sus cifras sobre incidencia delictiva son diferentes a las del Observatorio Ciudadano.
Para Campa Cifrián hay disminución en rubros como homicidios y secuestros, pero diversos indicadores, apuntó Rosas Montero, evidencian lo contrario en éstos y otros delitos, en particular los de alto impacto.
Advirtió que esta tendencia de las autoridades federales a presentar cifras, diagnósticos, planes y resultados provocan y aumentan la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones.
Es el caso del programa y plan de trabajo de Campa Cifrián y su dependencia. "Es demasiado amplio. Apenas está en etapa de planeación y no se ha aplicado en ningún estado de la República, menos en algún municipio, aunque él diga que es por normatividad del gobierno federal", mencionó Rosas Montero.
A ocho meses del año, insistió, el proyecto del funcionario federal sólo tiene líneas generales y es tan amplio que no establece prioridades en cuanto a prevención del delito a pesar de tener un presupuesto de dos mil 500 millones de pesos.
Además, abundó, dicho proyecto apenas se encuentra en etapa de planeación, de ahí que ante el desconocimiento de sus particularidades, carezca de aceptación incluso entre sus correligionarios.
Rosas Montero recomendó a Campa Cifrían coordinarse con instancias de la sociedad civil organizada y con instituciones de otros niveles de gobierno que desde hace años trabajan en el tema de prevención, a fin de dar resultados a la sociedad./arm/m