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08:05:00 | 2011.02.25
Alejandro Chacho, conductor: En la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos Humanos aprobó una reforma para castigar a los medios de comunicación y personas que promuevan el comercio sexual vía anuncios. Esta reforma, no sé por qué me suena, conocida como ley para prevenir y sancionar a la trata de personas, tipifica como delito contratar o publicar un anuncio impreso o electrónico que promueva la explotación sexual de mujeres menores de edad y la pornografía.
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El diputado perredista, Arturo Santana, señaló que la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, aprobada el día de ayer por el Senado, estableció la medida preventiva de instalación de grilletes o dispositivos electrónicos a quienes incurran en este tipo de delitos, a fin de que vía satélite puedan ser localizados durante los próximos cinco años después de que cumpla su pena, para que no vuelva a reincidir en la comisión del delito de secuestro.

En entrevista con Ricardo Rocha, el perredista, explicó que esta medida será aplicada una vez que el delincuente cumpla la pena que le fue sentenciada, además, agregó que cuando el sujeto abandone la cárcel o el centro de reclusión correspondiente, quedaría a cargo de las autoridades del ejecutivo federal, para ser vigilado por elementos de la PGR o de la Secretaría de Seguridad Pública.

Asimismo, comentó que uno de los objetivos principales emprendidos por los legisladores para la creación de esta ley, fue darle una atención de vida, a las víctimas del secuestro, así como darle tratamiento y prevención a la comisión de este delito.

A través de una nueva ley que dé garantías y establezca nuevas herramientas, tanto para el Ministerio Público, como para los jueces de instrucción, a efecto de integrar no sólo los delitos en materia de secuestro, sino también que se cuente con las medidas necesarias para llevar a cabo la persecución y perfeccionamiento de un proceso legal en contra de estas personas.

Sobre la petición del gobernador de Chihuahua, César Duarte, de incluir cadena perpetua en esta ley, Santana, explicó que no quisieron hacerlo, así como tampoco la pena de muerte, debido a que estos puntos ya habían sido discutidos, llegando al acuerdo de otorgar una pena máxima de 70 años de prisión.

Destacó que no pueden llegar hacer a un lado dichos acuerdos y cometer una falta legal, ya que de acuerdo con lo establecido es que las penas deben ser proporcionales al grado de afectación del delito que se cometa en el caso de secuestro.

Finalmente, indicó que con esta ley, buscaron situarse a la vanguardia, para contar con una legislación que le dé respuesta oportuna y eficaz a la ciudadanía y a las organizaciones civiles que han participado mucho en este sentido. ys/m.

H. Cámara de Diputados Coordinación de Comunicación Social