La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite una controversia constitucional promovida por la Cámara De Diputados en contra de las reformas al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que desde el pasado 19 de octubre, legalizaron la instalación y operación de máquinas tragamonedas en casinos y casas de apuestas.
La controversia fue admitida y turnada a trámite por el nuevo ministro Alberto Gelasio Pérez Dayán, mismo que se negó a suspender la entrada en vigor de dicho ordenamiento como lo solicitaba el Poder Legislativo en el texto de su demanda, por lo que la explotación de las máquinas tragamonedas continuará vigente hasta que se resuelva el fondo de este litigio.
Además, el Máximo Tribunal del país solicitó al Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y al Consejero Jurídico de la Presidencia, Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, presentar sus alegatos correspondientes, así como los informes justificados del caso.
Dichos requerimientos fueron respondidos por ambas autoridades el pasado 3 de enero del 2013, mediante la entrega sendos oficios registrados con los números 071892 y 073405; por lo que en los próximos días serán entregadas las constancias y copias correspondientes a las autoridades federales sobre este caso.
En la impugnación, los diputados argumentan que las reformas a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicadas de último minuto por el gobierno de Felipe Calderón, invaden atribuciones del Poder Legislativo.
Además, los parlamentarios de San Lázaro advirtieron que los cambios al reglamento de Ley Federal de Juegos y Sorteos no contemplan ningún mecanismo de control para vigilar la explotación de las máquinas tragamonedas por parte de los casinos y casas de apuestas.
De acuerdo con el diputado del PRI y promotor de la controversia constitucional, Héctor García García, el ahora ex presidente Felipe Calderón legalizó el uso de máquinas tragamonedas, catalogándolas como juegos de azar, a pesar de que la ley en la materia conserva la prohibición de las mismas.
Los legisladores también argumentan que dichas reformas causan daño a la población al propiciar la adicción al juego, sin que dicho mal se pueda compensar con los impuestos que pueda generar la explotación de las máquinas tragamonedas.
La norma impugnada también establece que la autorización para dichas maquinitas está condicionada al estatus del solicitante como permisionario u operador autorizado por la Secretaría de Gobernación, lo que a juicio de la demanda produce incertidumbre jurídica y abre las puertas para que cualquier persona alegue discriminación o violación a la libertad de comercio o trabajo, con el fin de obtener amparos que les permitan explotar las tragamonedas. ys/m.