En la Cámara de Diputados, el titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Cristalinas, se reunió por segunda ocasión con los integrantes de la Comisión Investigadora del caso Monex y allí, se defendió de los fuertes cuestionamientos de los legisladores de izquierda, al aseverar que de modo alguno el órgano electoral fue “omiso” y la determinación de este miércoles 23 de enero, de exonerar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue legal.
Frente a las críticas por la falta de exhaustividad y deficiencias en el seguimiento a las quejas interpuestas por el financiamiento irregular en la campaña presidencial de la Coalición Compromiso por México, el funcionario se defendió al asegurar que se llevaron a cabo las diligencias necesarias, pues se revisaron las más de 32 mil operaciones hechas con 7 mil 851 tarjetas del Banco Monex, que el PRI dispersó entre su estructura con motivo de la jornada del 1 de julio.
A lo largo de su presentación, Cristalinas Kaulitz reconoció que la cadena en que el PRI contrató a Alkino, que a su vez contrató a Atama, que a su vez contrató a Inizzio, que a su vez contrató directamente con Monex para obtener las tarjetas de prepago, “es larga pero no ilegal”, porque no se contrataron servicios financieros, sino “servicios de planeación y utilización de dinero”, que técnicamente, apuntó, no es lo mismo.
Respecto a si dichos grupos comerciales son "fantasma", “de papel” o “fachada”, aclaró que determinarlo no le compete a la Unidad a su cargo, sino a otras autoridades como la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Secretaría de Hacienda (SHCP).
Tras indicar que en el seguimiento a las quejas, la Unidad encontró “elementos y circunstancias” que escapan de sus competencias, enfatizó que serán las autoridades fiscales del país las que determinen si los grupos comerciales infringieron disposiciones legales, están debidamente constituidos, incurrieron en lavado de dinero o alguna otra falta. Fue para ello que se les dio vista del caso, entre julio y agosto del 2012.
Aunque reiteradamente los diputados le reclamaron por no esclarecer el origen de los recursos triangulados entre empresas para financiar gastos de la campaña priísta, Cristalinas Kaulitz dijo que “el mapa del dinero es muy claro”.
El IFE logró determinar que de las 9 mil 224 tarjetas detectadas, solo 7 mil 851 fueron usadas por el PRI y tenían fondos que iban de entre 5 mil hasta 400 mil pesos. El PRI habría reportado que sus fondos, en suma 66 millones de pesos, provenían del gasto ordinario, pero las indagatorias determinaron que 50 millones correspondieron a gastos de campaña, que se “prorratearán” como parte del gasto en el proselitismo de diputados y senadores.
Sobre el origen de los fondos involucrados en el manejo de las tarjetas, recalcó que la instancia bajo su mando no tiene facultades para indagar posibles delitos como el incumplimiento de obligaciones fiscales, lavado de dinero o desvío de recursos públicos.
Recalcó que las investigaciones arrojaron que las cuatro empresas “fondeadoras” si tienen registro y son encabezadas por 12 “personas reales”; aunado a ello, los “fondeadores de los fondeadores”, agregó también fueron ubicados por la Unidad de Fiscalización, por lo que se traba de “personas reales”. También se acreditó su capacidad económica para manejar los 66 millones señalados, agregó.
Mientras los legisladores del PRI dieron un espaldarazo al trabajo de la Unidad de Fiscalización, se declararon siempre abiertos a la transparencia y recalcaron que la autoridad ya determinó que no hubo ilícito alguno en el uso de los recursos ni triangulación, los diputados de izquierda lamentaron que el responsable de ese organismo no haya respondido sus preguntas.
Si se insiste en no aclarar la procedencia del dinero que se distribuyó a través de las tarjetas de prepago Monex, se despierta la sospecha y la duda de que ese financiamiento pudo provenir del narcotráfico, gobiernos estatales, lavado de dinero, advirtió el presidente de la comisión, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roberto López.
López Suárez aclaró que el trabajo de la comisión aún no termina y seguramente, habrá que volver a reunirse con Cristalinas.
El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía, ironizó al manifestar que pese al cúmulo de pruebas, el IFE casi entrega al PRI y al hoy Presidente Enrique Peña un “reconocimiento de austeridad”.
Mejía Berdeja lamentó que no se haya aplicado una multa para el tricolor, calificó como inaceptables las “maromas financieras” para justificar el fondeo a la campaña priísta y tras aseverar que las empresas señaladas si son “fachada”, le dijo al funcionario que haber encontrado “el hilo del dinero” no es suficiente.
El diputado del Partido del Trabajo (PT), Manuel Huerta, denostó la creación de un “entramado” y un “montaje” a nivel institucional con tal de dar legitimidad al gobierno de Peña Nieto, le reclamó al fiscal del IFE que no haya llevado a fondo las indagatorias y haya desatendido la petición de entregar a los diputados los expedientes completos del caso. “No le interesa investigar”, le dijo.
No aclaró, le dijo Huerta Ladrón de Guevara, de dónde salieron los millones para fondear las tarjetas Monex y por ello, podría incurrir en responsabilidades administrativas o penales, e incluso ser sujeto a juicio político.
La diputada del PRD, Julisa Mejía, cuyas preguntas tampoco fueron respondidas por el funcionario invitado, denostó que sus explicaciones recurrentes fueran la falta de competencia para esclarecer el caso.
Coincidió con López Suárez en que el “mapa del dinero” presentado por el IFE, provoca suspicacias en cuanto a que los fondos que utilizó el PRI en las tarjetas Monex fueron producto del lavado de dinero.
Recriminó que los encargados de aclarar las irregularidades electorales del 2012, hayan optado por “meter la basura debajo de la alfombra. ¿A quién le toca barrer debajo de la alfombra?, ¿cómo esclarecer los gastos ilícitos?”, inquirió, tras decir que si la falta de capacidad de la Unidad de Fiscalización del IFE es como puntualizó su titular, entonces ese organismo “no sirve para nada”. ys/m.