En la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia arrancó la revisión de la minuta del Senado con cambios a la Ley de Amparo, pendiente desde octubre del 2011, misma que las principales fracciones parlamentarias, dijeron que aprobarían esta semana.
Luego de casi tres horas de retraso en el inicio de la sesión, la diputada presidenta de dicha instancia, la priísta Claudia Delgadillo González, destacó que entre otras bondades, la nueva norma armonizará el juicio de amparo, fortalecerá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y amplía la protección a los derechos de los ciudadanos.
Tras los posicionamientos a favor y en contra, así como el retiro de prácticamente todas las reservas planteadas en la comisión, para que estas se discutan en el Pleno, la comisión aprobó el proyecto en lo general y lo particular, a excepción de los artículos apartados.
Ello, con 20 votos a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista (PVEM), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido del Trabajo (PT); y cuatro abstenciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
Se prevé que este miércoles, durante la sesión ordinaria, los diputados den trámite de “primera lectura” al documento, para que este se afine en la Comisión y tentativamente, sea votado y aprobado el próximo jueves 7 de febrero.
Aunque votó a favor y hasta retiró sus reservas para generar mayores consensos en el documento, la petista Lilia Aguilar advirtió que la propuesta de reforma podría derivar en violaciones a la Constitución y propiciar que las víctimas de actos violatorios queden en la indefensión al ampliar el amparo.
Los perredistas, Julio César Moreno y Alejandro Carbajal, acusaron un “albazo” en la Comisión, pues el dictamen de la minuta no se les entregó sino hasta minutos antes del inicio de la reunión.
Carbajal González advirtió que la propuesta incluye “aberraciones” constitucionales, tal y como se refirió a la figura del amparo contra particulares, hecho que aseguró, haría “revolcarse en su tumba” a juristas como Ignacio Burgoa.
Aseveró que de acuerdo a los términos del dictamen, se “desnaturaliza” el amparo y se avalará la “involución” al permitir que por causa de actos de gobierno, particulares sean sujetos a juicio.
La secretaria de dicha instancia y diputada panista, Esther Quintana, coincidió en que el centro de la discusión es la posibilidad de promover amparos contra actos de autoridad ejercidos por particulares; así como la definición de los artículos transitorios de la norma, para especificar cuándo entrará en vigor.
Su compañero de bancada, Arturo Salinas Garza, explicó que las reservas de Acción Nacional al artículo 129 de la norma, refieren a los casos en que no procede la suspensión en el juicio de amparo, a los que se busca sumar a casas de juego o casinos, por ser considerados “establecimientos o centros de vicio”.
El PAN también pide, dijo, que no proceda el amparo para instituciones financieras o bancarias, por ejemplo, en proceso de quiebra o concurso mercantil; y en casos que involucren bienes del Estado mexicano como el espectro radioeléctrico o los energéticos, ello, en referencia a medios masivos de comunicación y la industria energética y petrolera.
Indicó que si el fin del amparo es mantener vigente el acto reclamado, de no otorgarse la suspensión, continuaría el acto y podría pasar suficiente tiempo para que la acción se concrete. Entonces dejaría de subsistir la materia del amparo y la reparación del daño sería imposible de otorgar, insistió.
Durante la reunión de la comisión, la diputada presidenta subrayó que la reforma a la Ley de Amparo busca actualizar ese recurso, que haya declaratorias de inconstitucionalidad generales para beneficio de la población y fortalecer las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Subrayó que el juicio de amparo seguirá siendo el primer elemento legal para demandar el cumplimiento de derechos; y los cambios amplían la esfera de aplicación del amparo contra actos de autoridad ejercidos por particulares que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales.
Entre los puntos fundamentales, recalcó, se incorpora al amparo la oportunidad de declararse como titular de interés “jurídico” y de “interés legítimo” individual o colectivo, cuando se aleguen violaciones a derechos; aunado a que el procedimiento para ejecutar el amparo, se hace más claro y expedito, acotó.
Al fijar postura, la diputada Aguilar Gil coincidió en que la reforma actualiza el amparo, pero advirtió que no se pone el énfasis que debería en el hecho de que con esos recursos, las víctimas de actos violatorios podrían quedar en la indefensión.
También reclamó que se permita la “suplencia de la prueba”, lo que facultaría a jueces de amparo a eliminar juicios completos y reiniciar procesos, si lo consideran procedente, alertó.
Por el Verde, el diputado Antonio Cuéllar indicó que las leyes de nada sirven, si no van acompañadas de mecanismos para que el ciudadano pueda hacer valer sus derechos.
Aseguró que el juicio de amparo debe dar certeza tanto al juzgador como al ciudadano, de que cualquier atropello a las garantías puede frenarse.
Sin embargo, apuntó que para el PVEM, el amparo contra particulares que ejercen actos de autoridad, podría rebasar la Constitución, al igual que el agregado de acreditar interés “jurídico”, o bien, “interés legítimo”.
El priísta José Alberto Rodríguez Calderón recordó que los cambios a la Ley de Amparo están pendientes desde octubre del 2011 y de aprobarse, se generará una certeza jurídica más amplia en el país, superando “criterios burocráticos y anacrónicos que hacían más engorroso el acceso a la justicia”.
Aseveró que los cambios a discusión, generarán la certeza de que la ley no será puerta de salida para infractores ni de impunidad, pues garantiza que probables responsables no evadan su responsabilidad penal.
Indicó que las medidas cautelares aplicables serán vigiladas por el Ministerio Público y este tendrá facultad de pedir al juez que decrete prisión preventiva, de ser necesario.
El documento establece reglas secundarias para que en juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se resuelvan de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso o el Ejecutivo Federal lo solicite, siempre que justifique la urgencia.
Establece que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que nazca por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que México sea parte.
Añade que los tribunales federales conocerán de los procedimientos relacionados con delitos del orden federal y por controversias del orden mercantil; asimismo, determina la incompetencia de origen del juicio de amparo para conocer controversias en materia electoral.
Hace más ágil el proceso en caso de incumplimiento de sentencias de amparo, pues la Corte marcará “plazos razonables” para ello y podrá ordenar la destitución del funcionario que obstaculice la aplicación de la norma.
Extiende el término para interponer amparo en materias como agraria, penal y otras, a 30 días. De igual modo, integra mecanismos para tramitación de juicios de amparo en línea y la digitalización de dichos procesos, a fin de darles mayor transparencia, todo lo anterior, de acuerdo al documento en discusión. ys/m.