En distintas decisiones, la Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley de Asistencia Social, para que los dependientes de personas desaparecidas, entre otras razones por la ola de violencia que afecta distintas regiones del país, tengan derecho al apoyo del Gobierno Federal, con servicios especializados para su protección física, mental y social.
Con 431 votos a favor, los legisladores modificaron la ley señalada y que fue turnada al Ejecutivo para su publicación, a fin de enfrentar los estragos de la violencia en México.
Frente a la inseguridad que ha dejado en todo el país a cientos de niños y adolescentes en la orfandad, por la desaparición de sus padres y familiares, se determinó que el Estado debe brindarles apoyo integral para lograr recuperar su estabilidad social.
Al pronunciarse sobre el tema, el diputado del Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Samperio Montaño, recalcó que como saldo del sexenio pasado, quedaron aproximadamente 90 mil muertos, cerca de 26 mil desaparecidos y casi 50 mil detenidos por presuntos lazos con el crimen organizado.
Apuntó que de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del 2006 al 2011, se registraron 5 mil 397 casos de personas catalogadas como “extraviadas o ausentes”.
A lo cual se suma, indicó el legislador, que cerca de 9 mil personas cuya muerte se debió a situaciones como accidentes en la vía pública, padecimientos de enfermedades y muertes violentas, que podrían haber dejado en el desamparo a los menores integrantes de sus respectivas familias.
Refirió que según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en América Latina hay cerca de 10 millones 700 mil niños y adolescentes huérfanos de los cuáles, un millón y medio viven en México.
Ante esa situación, se determinó que los dependientes de desaparecidos, deberán tener acceso a servicios especializados para garantizar su protección y su reintegración al entorno social, con mejores condiciones de vida que les permitan desarrollarse como ciudadanos.
Asimismo, el Pleno de San Lázaro también aprobó reformas a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que autoridades de todos los niveles de gobierno, implementen acciones para la detección temprana y tratamiento de enfermedades mentales.
Por una votación unánime de 443 a favor, se determinó que los padres de familia y tutores o quienes tengan a su cargo a menores de edad y adolescentes, deberán ofrecer y procurar atención inmediata a quienes presenten alteraciones de conducta que pudieran suponer la existencia de enfermedad mental.
Al hablar del tema, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Eva Diego, indicó que según las cifras del sector salud, la depresión es el trastorno mental más frecuente entre hombres y mujeres; se estima que uno de cada seis mexicanos podría desarrollar algún tipo de padecimiento mental y se calcula que cerca de 15 millones de personas en el país presentan una condición de ese tipo.
Agregó que en el caso de los niños, la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, arroja que el 7 por ciento de los niños y niñas menores de 12 años, presentan uno o más problemas de salud mental, entre otros, de aprendizaje, retraso mental, angustia e incluso, conductas suicidas.
Recalcó que en ese último caso, el Sistema Nacional de Salud indica que el suicido es la cuarta causa de muerte en infantes de 5 a 14 años de edad.
Por otra parte, se decidió modificar la Ley del Seguro Social, también por votación unánime de 436 a favor, a fin de que los hijos e hijas de asegurados y pensionados del ISSSTE y las Fuerzas Armadas, hasta los 18 años, reciban atención por embarazo y parto; así como ayuda en especie por seis meses para lactancia.
Ello, indicaron los legisladores, porque ese respaldo no se brinda a dependientes de más de 16 años y conforme al Programa Nacional del Salud 2007-2012, la tasa de embarazos en jovencitas de 12 a 19 años, fue de 79 por cada mil casos; mientras que más del 12 por ciento de las mexicanas embarazadas, eran estudiantes.
Finalmente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 423 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, ajustes a la Ley General de Salud, para autorizar a médicos homeópatas, que cuenten con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a prescribir medicamentos. ys/m.