La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, destacó que el problema de la inseguridad y violencia del crimen organizado, ha provocado el desplazamiento de aproximadamente medio millón de personas en el país, que se han visto obligadas a dejar sus hogares debido a las amenazas, extorsiones y “pago de piso” que exige la criminalidad.

El diputado Israel Moreno, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento de la Cámara de Diputados, indicó que ante tal situación, el Gobierno Federal está obligado a restituir las garantías de los afectados.

El legislador del Sol Azteca externó que ante el aumento de extorsiones, pago de piso y amenazas contra familias, en especial las que tienen negocios o pequeñas empresas, el Ejecutivo Federal debe hacer lo necesario para evitar los desplazamientos forzados.

La operación del crimen en cada vez más colonias, municipios, comunidades y estados del país, insistió, permitió que el número de desplazados en el país sea de aproximadamente medio millón de personas, aunque la cifra podría ser superior.

El diputado Moreno Rivera aseguró que la problemática de los desplazados internos detonó en la pasada administración, luego de que el entonces presidente Felipe Calderón emprendiera la llamada guerra contra el crimen organizado.

“Cuando las familias son atacadas por el crimen organizado y pierden sus bienes, el gobierno no les restituye sus garantías, y precisamente eso es lo que se le está solicitando al Ejecutivo Federal”, exigió.

Recordó que en días pasados, presentó una propuesta de reforma al artículo 4 de la Constitución, para que las víctimas del narcotráfico y el crimen organizado cuenten con el respaldo del Estado a fin de recuperar su patrimonio, su estabilidad e integridad.

“Estamos solicitando que precisamente se tome en cuenta que el tema de los desplazados es ya muy delicado. Ya va para casi medio millón de personas desplazadas por esa situación”, reiteró.

Añadió que si la autoridad federal quiere enfrentar al delito de manera integral, debe promover la recuperación de los valores sociales, impulsar una ley de cultura cívica, generar las oportunidades de empleo y desarrollo que demandan los jóvenes; así como atender la problemática de los policías federales y elementos militares que quedan fuera de las instituciones, puesto que la primera opción que toman, es la del crimen. ys/m.