Integrantes de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, advirtieron que si la dirección general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) insiste en hacer caso omiso a los insistentes llamados de los legisladores, para que explique qué ocurrió con la explosión en el edificio B2 de la empresa y con los préstamos al Sindicato de Trabajadores Petroleros, se tomarán medidas “drásticas”.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Espinosa Cházaro, sentenció que a los legisladores de izquierda no se les va a olvidar lo ocurrido y “no quitarán el dedo del renglón”.

Enfatizó que los diputados serán responsables y no dejarán pasar por alto las anomalías en la paraestatal, pese a que el Ejecutivo Federal parece apostarle a que el tiempo pase y los temas prioritarios sean otros.

Agregó que la determinación de ser “más enérgicos” frente a la petrolera incluso se planteó y notificó a la presidencia de la Comisión de Energía, presidida por el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Bernal.

Indicó que aunque la información que entregue PEMEX sea parcial, se le apremiará a ello, puesto que los datos sobre la explosión del pasado 31 de enero de 2013 en las oficinas administrativas es la misma que al principio y no cumplió las expectativas de legisladores y aún menos de la sociedad.

Denostó que la empresa a cargo del director Emilio Lozoya, solo ha planteado suposiciones sobre el origen del accidente, nunca esclareció cuál fue el origen del gas que presuntamente generó la explosión y si no hay respuesta pronta, se tendrá que endurecer la postura del Legislativo.

Dijo entender que los procesos de investigación son complicados y largos, pero si la Procuraduría General de la República (PGR) nada tiene que esconder, la pregunta al procurador Jesús Murillo es: ¿qué quieren esconder?, ¿de dónde salió el gas?

La Cámara de Diputados, sentenció, no puede seguir mandando gritos al aire o llamados a misa ante los cuales, las distintas autoridades hacen caso omiso, sentenció.

Recordó que los funcionarios públicos están obligados a dar a conocer a la ciudadanía los resultados que se tengan, incluso si fue un accidente, un error humano o alguna otra situación más comprometedora. La falta de información es más inconveniente que dar a conocer la verdad.

Apuntó que si se mantiene la opacidad y la falta de transparencia en el caso de las oficinas administrativas entonces, no habrá servido de nada que peritos y especialistas de instancias internacionales, hayan participado en las indagatorias.

Sobre el préstamo de la empresa al Sindicato, puntualizó que la sociedad debe saber si los recursos públicos involucrados, fueron para el beneficio de los trabajadores, como se justificó, o terminaron en el Ferrari de colección del hijo del líder sindical, Carlos Romero Deschamps. ys/m.