Notimex: Legisladores del PRI, PAN y PRD afirmaron que la iniciativa del gobierno federal que propone endurecer sanciones contra actos terroristas y lavado de dinero, será adecuada a las normas internacionales.
Con ello, señalaron, se cumplirá la Convención Nacional de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, que será un esfuerzo por formar un frente internacional contra actos terroristas y estructuras financieras del crimen.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Miriam Cárdenas Cantú, consideró que con esta iniciativa, el gobierno federal busca armonizar y dar cumplimiento a tratados internacionales contemplados dentro de la Convención Nacional de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.
Mencionó que estas acciones fortalecen el marco jurídico para enfrentar delitos vinculados al terrorismo y al lavado de dinero.
La legisladora del Revolucionario Institucional indicó que en 2008, el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales y el Fondo Monetario Internacional, señalaron que pese a que el país había asumido compromisos internacionales, la legislación mexicana resultaba insuficiente para combatir delitos de este tipo.
Cárdenas Cantú aseguró que la iniciativa constituye un camino adecuado para combatir el crimen, ya que refuerza las acciones de una política de Estado que "debe ser preventiva, no sólo reactiva".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Guillermo Anaya Llamas, aseguró que esta iniciativa responde a la necesidad de formar un frente internacional contra los actos terroristas y de 'golpear' las estructuras financieras del crimen organizado.
El legislador del PAN consideró que debe aplicarse el derecho comparado con sistemas exitosos de otros países, para definir si las penas que se proponen en la iniciativa, son las adecuadas para el delito de terrorismo y sus agravantes, así como para lavado de dinero y encubrimiento.
En tanto, la secretaría de la Comisión de Justicia, Alfa Eliana González Magallanes, dijo que se busca que la legislación mexicana se encuentre a la par de las normas internacionales, lo que significa un avance importante.
Sin embargo, señaló que el principal problema de México es la ineficiencia en la integración de los expedientes y si los procedimientos no son adecuados, "por muy alta que sea la pena, nunca se tendría a alguien a quien consignar en esos términos".
La legisladora indicó que los jueces deben tener una labor imparcial en la asignación de las penas, siempre procurando no trasgredir los derechos humanos plasmados en la Constitución y en los convenios internacionales. dlp/m