La elección del candidato que ocupe el lugar que dejó Sergio García Ramírez en el IFE a principios de año es un compromiso constitucional que el Congreso de la Unión debe cumplir plenamente, subrayó la legisladora Irasema González Martínez Olivares.
La vicecoordinadora de Gestión Social de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados externó que ese proceso es prioritario y de suma relevancia, una vez que “el consejo de ese organismo requiere una pluralidad de visiones para poder llamarse democrático”.
Planteó que los temas que se analizaron en el periodo extraordinario de sesiones incidirán directamente en el sistema democrático y constitucional que rige al Estado mexicano y además frenarán procedimientos donde han existido abusos e irregularidades.
Respecto a la reforma constitucional para otorgar la facultad de expedir el Código Único de Procedimientos Penales al Congreso de la Unión, la priista señaló que “es resultado de un procedimiento asimétrico de implementación del nuevo sistema de justicia penal, donde el desarrollo de los juicios han generado un trato distinto a los imputados y a las víctimas en las entidades federativas”.
González Martínez Olivares sostuvo que con ello se dará certeza jurídica en todo el país para que las partes en el proceso penal conozcan las reglas con las que se desarrollará cualquier juicio.
Destacó que, de igual forma, la reforma constitucional en disciplina financiera de estados y municipios “no sólo es producto del abuso del ejercicio público de gobernadores y alcaldes, sino de un trato óptimo y transparente a los recursos contribuidos por los ciudadanos”.
Subrayó en ese sentido que ningún gobierno democrático puede utilizar los recursos públicos para favorecer intereses particulares toda vez que el ejercicio de la función pública implica un compromiso administrativo con la Nación.
La diputada federal mencionó que, en tanto, la reforma constitucional en registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y catastros municipales “pretende homogeneizar criterios de funcionamiento para que los gobiernos tengan un listado ordenado y al alcance del entendimiento de cualquier ciudadano.
Aseveró que la diferencia de criterios y la opacidad de algunos registros y catastros sólo han generado costos sociales y corrupción que perjudica a la sociedad.
La legisladora priísta subrayó la importancia de tener en el país un “sistema penal garantista, con reglas claras, finanzas públicas sanas, registros y catastros transparentes y eficaces, así como un IFE funcional”.
Hizo énfasis en que la fracción del PRI en el órgano legislativo se ha pronunciado en favor de desahogar y aprobar esos temas dada su relevancia constitucional y democrática. /gh/m