La reforma migratoria de Estados Unidos es una mera tabla de condiciones para obtener la regularización que será inalcanzable para millones de personas y que en nada responde al reconocimiento de derechos de los indocumentados, afirmó el presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte de la Cámara de Diputados, Jaime Bonilla (PT).
La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Amalia García (PRD) lamentó que sea prioritario para Washington levantar un muro y militarizar la zona fronteriza con 46 mil millones de dólares, pues consideró que esos recursos pudieran utilizarse a fomentar la prosperidad en esa región binacional.

Bonilla y García señalaron, en entrevistas por separado, que el gobierno federal debe ocuparse en respaldar los derechos de los mexicanos en Estados Unidos con programas de información, de refuerzo a los 50 consulados, además de que se debe prever qué garantías tendría un indocumentado que no cubra los requisitos de la eventual reforma migratoria.

El Senado de Estados Unidos aprobó el 27 de junio pasado cambios legales para regularizar unos 11 millones de indocumentados, en un plazo que podría extenderse 13 años. El proyecto pasó a la Cámara de Representantes.

La reforma contempla sellar la frontera con México a través de un muro de mil kilómetros, uso de alta tecnología, aparatos de rastreo, aviones no tripulados, helicópteros de Fuerza Aérea. Esa militarización implica, además, criminalizar a los migrantes sean mexicanos o en viaje procedentes de Centroamérica, señaló García.

Washington se preocupó por los acercamientos entre México y China, dijo por su parte Bonilla; un viaje del presidente Enrique Peña Nieto a Pekín, y la visita de su homólogo chino a México, prolífica en firmas de acuerdos y habría sido interpretado por la Casa Blanca como un mensaje de que sus vecinos del sur son socios atractivos para otras economías.

A partir de esos encuentros, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, abrió presión pública sobre el Senado donde demócratas y republicanos mostraron interés por acercarse a las fuerzas migrantes mexicanas. Así, la respuesta a Peña Nieto fue el impulso a una reforma migratoria como señal de que quieren a México como socio principal.

Pero Bonilla advirtió que no hay tal reforma migratoria; son disposiciones legislativas muy mediocres, pues sólo se tiene una tabla de condiciones que modulan la regularización. Quedan fuera ancianos que llevan décadas en Estados Unidos y que no aprendieron español, que de tener papeles tendrían acceso a la asistencia social. Los congresistas no quieren incluirlos en los beneficios.

Bonilla agregó que las condiciones seleccionan a mexicanos jóvenes para incluirlos a la cadena de trabajo, y que no requieren atención médica, y resuelven demandas de mano de obra, incluso calificada.

García dijo que los requisitos son "una carga muy pesada", que conserva la tendencia estadounidense de abrir y cerrar el paso de indocumentados como los requiere la economía y sus distintos sectores.

Planteó que el gobierno mexicano debe abrir una política de defensa de los migrantes, con atención esmerada a sus demandas; México debe oponerse a la militarización de la frontera y, en ese sentido, reaccionar a la visión que criminaliza a los migrantes.

De especial relevancia es que en México se impulse una política económica de crecimiento que desaliente a los jóvenes irse a Estados Unidos y que ofrezca opciones de reinserción en la actividad productiva de mexicanos que han emigrado./arm/m