Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón se registró una persona desaparecida cada dos horas, así lo denunciaron las bancadas del PRI en el Congreso de la Unión.
Los legisladores encabezados por Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones informaron que las entidades donde más se presenta este ilícito, es donde en los últimos años se han elevado los indicies de violencia e intensificado la presencia de las fuerzas de seguridad: Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero.
Por ello, el tricolor promueve en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para que la PGR enjuicie a los servidores públicos que dejaron impunes y obviaron las denuncias de este delito en la gestión anterior.
“El grupo parlamentario del PRI exhorta al titular de la PGR, a que realice las investigaciones pertinentes a fin de acreditar, y en su caso, iniciar el juicio correspondiente contra los servidores públicos responsables que dejaron impunes y obviaron las denuncias de desaparición de personas en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón”, refiere.
Basados en el informe Enfrentarse a una Pesadilla presentado por Amnistía Internacional, los legisladores señalaron que entre los años 2006 y 2012 se registraron más de 26 mil personas desaparecidas o no encontradas, “lo que significó que en México cada dos horas desapareció una persona”.
En el punto de acuerdo signado por las fracciones parlamentarias del PRI suscribe del reporte anterior: “la administración del presidente Felipe Calderón careció de voluntad política para reconocer las desapariciones, lo cual, entre otras cosas, contribuyó a que se minimizará y no se instrumentaran las políticas correspondientes en la materia”.
Ante la problemática el PRI en el Congreso de la Unión reconoció el esquema que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto, quien dio a conocer una base de datos oficial en la que contiene el registro de 26 mil 121 personas en calidad de desaparecidas, lo que permite dimensionar la magnitud del ilícito.
También celebraron la aprobación de la Ley General de Víctimas donde se logró el reconocimiento jurídico de los derechos de los afectados, incluida la obligación del Estado de investigar los delitos y violaciones de derechos humanos. /arm/m