México es un país predominantemente urbano y encara el reto de reordenar la vida social en las zonas metropolitanas. Conforme a criterios internacionales, tres de las zonas metropolitanas de México se ubican entre las 100 más grandes de las 400 que se estiman a nivel mundial, las de Guadalajara y Monterrey ocupan los lugares 67 y 79 en ese rango y la del valle de México es la segunda metrópoli más grande del mundo.

Los problemas representados por el fenómeno de metropolización, la acelerada y desordenada expansión y conurbación entre delegaciones y municipios e incluso entidades federativas diversas, requiere un tratamiento especial y una atención coordinada y eficaz por parte de las instituciones de gobierno, a una escala inusual y aún precariamente prevista en el marco legal del país. Tal omisión o deficiencia puede convertirse, en muy corto plazo, en un déficit de gestión pública y rezagos acumulados, que se verían además agravados en ausencia de una política de Estado para el ordenamiento territorial.

Está en riesgo el desarrollo sustentable y la generación de oportunidades para 5 de cada 10 mexicanos que en 2010 residirán en estas grandes aglomeraciones urbanas.

De ahí la prioridad que debe asignarse a esta materia dentro de la agenda legislativa nacional, al esfuerzo de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno y a la consistencia y efectividad de la coordinación intergubernamental.