A lo largo de su vida el Congreso mexicano ha tenido órganos o comisiones encargados de vigilar su actividad, adecuar las normas que lo rigen y fomentar el estudio del Derecho y la práctica parlamentaria. Aunque de los siete reglamentos que han existido sólo en 4 se crearon comisiones especializadas en el tema.

Así, en el primer Reglamento para el Gobierno Interior de las Cortes de Cádiz, en 1813, se tuvo una comisión que se encargara del Orden y Gobierno Interior del Edificio de las Cortes.

Posteriormente, el Reglamento del Soberano Congreso expedido en 1823 creó la Comisión de Policía y Gobierno Interior.

Al año siguiente, 1824, el nuevo Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General dio vida a la comisión de Policía Interior y de Peticiones. En la reforma aprobada a este reglamento en 1857 apareció la Comisión de Policía Interior de la Cámara.

En 1916 una nueva reforma aprobada al reglamento creó por vez primera la Comisión de Reglamento.

Con la aparición del último Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en 1834, se modificó el nombre de esta comisión para llamarla Comisión de Reglamentos, nombre que conservó hasta 1979 cuando fue aprobada la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se le dio el nombre de Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias (artículo 54)
con tareas específicas (artículo 58).

Con este nombre se mantuvo hasta 1994 cuando una reforma a la Ley Orgánica propuso la supresión de la palabra régimen por considerar que se prestaba a confusión con la entonces Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Así, a partir de ese año recibió el nombre de Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias sin que sus funciones se modificaran.

A través de dos reformas promovidas y aprobadas durante el año 2006 la comisión recuperó el nombre que le dio la primera Ley Orgánica –Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias–, además de que formalizó la práctica para dictaminar los asuntos relacionados con distinciones que se entregan a nombre de la Cámara de Diputados.