La SHCP envío el pasado 1 de abril la enumeración de los programas prioritarios del gobierno federal y su presupuesto deseable para el siguiente año. Esto como parte de los Lineamientos de Política Económica y los objetivos de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); conforme al Artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

Originalmente, el Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012 contemplaba “convertir a México en un país líder en el sector turismo y aumentar en un 35% el número de visitantes internacionales al año”; posteriormente, en el Programa Sectorial de Turismo 2007-2012, se precisaron las metas para el 2012: 28.5 millones de turistas internacionales y 17 mil millones de dólares (mdd) por ingresos de visitantes internacionales. Cabe comentar que la situación en 2006 era de 21.353 millones de turistas (posición 8 en el Mundo) y de 12 mil 176 mdd de ingresos (lugar 14 en el Mundo) respectivamente.

El concepto de vulnerabilidad expresa la condición de indefensión en la que se pueden encontrar una persona, grupo o comunidad debido a características como edad, sexo, condición de salud, nutrición, raza o etnia, entre otros. De forma que los grupos sociales en situación de vulnerabilidad pueden ser definidos como “aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida…”.

En el primer trimestre del presente año las remesas que perciben las familias mexicanas disminuyeron su poder adquisitivo, afectadas por la apreciación del tipo de cambio y la inflación. Además, el escenario futuro del envío de recursos resulta preocupante debido a las expectativas poco favorables para nuestros migrantes mexicanos, particularmente, por las condiciones del mercado laboral estadounidense que continúan débiles.

El panorama de delincuencia y violencia que enfrenta el país se ha convertido en una presión más para las políticas públicas y el presupuesto nacional. En particular, dentro del ámbito de la seguridad pública, por la demanda de mayores espacios para alojar a los individuos que enfrentan un proceso judicial y los que se encuentran cumpliendo alguna condena por infracciones a la ley.