El IMSS dio a conocer que al 31 de julio de 2011 el número de Trabajadores asegurados Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU) ascendió a 15 millones 37 mil 448 personas, con lo cual el incremento acumulado en el año es de 425 mil 819 trabajadores (+2.9 por ciento). Si se realiza la comparación respecto a octubre de 2008, cuando la crisis comenzaba, el aumento acumulado en estos dos años y nueve meses es de 561 mil 613 cotizantes adicionales (+3.9 por ciento), es decir, poco más de 200 mil cotizantes por año.

De acuerdo con la información dada a conocer por el INEGI, en el segundo trimestre de 2011, el Producto Interno Bruto (PIB)2 tuvo un incremento de 3.32 por ciento; a pesar de que fue el sexto incremento anual consecutivo, dicha tasa resultó ser la más baja de los últimos seis trimestres y fue poco menos de la mitad del alza observada en el mismo trimestre de 2010 (7.60%).

A junio de 2011, las entidades federativas recibieron de la Federación, por concepto de Participaciones, 245 mil 884 millones de pesos (mdp), cifra inferior en 8 mil 116 mdp (-3.2%) al estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el calendario mensual de ministración1, resultando afectadas 24 entidades federativas.

Los recursos del sector público captados a junio de 2011 totalizaron un billón 523 mil 482 millones de pesos (mdp). De este monto, el 47 por ciento provino de los impuestos; 33 por ciento se obtuvieron por la venta del petróleo; 16 por ciento correspondió a organismos y empresas; y, el restante 4 por ciento se originó por ingresos distintos de los impuestos.

De acuerdo con la metodología utilizada por los países de la OCDE, el gasto en Ciencia y Tecnología se puede analizar conforme al sector que ejerce la inversión, definiéndose cuatro sectores, a saber: el Sector Gobierno, el Sector Productivo, el Sector Educación Superior y el Sector Privado no Lucrativo.

Los recursos que se destinan para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología tienen una relevancia crucial para la competitividad de las naciones, pues determinan en qué grado las mismas pueden producir bienes y servicios novedosos y de manera eficiente. Dado ello, el objetivo de la presente nota es revisar dos aspectos importantes de la política en Ciencia y Tecnología de México.

El precio de las gasolinas en México es un precio administrado determinado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ; por ende, es un precio que no se rige por las condiciones del mercado, sino un precio que está diseñado para ser relativamente estable y poco sensible a los movimientos abruptos en el mercado externo.