Todos tenemos que asumir una responsabilidad en este asunto advirtió la titular de la SEP

Ante el cuestionamiento de diputados de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en torno a la venta de plazas en el magisterio, la titular de la SEP, Josefina Vázquez Mota, aceptó que sí ocurrieron, sin embargo, indicó, “todos tenemos que asumir una responsabilidad en este asunto”.

En su comparecencia con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, los legisladores Arnoldo Ochoa, del PRI y Miguel Ángel Solares (PRD), abordaron el tema de la venta de plazas, así como el conflicto magisterial en el estado de Morelos.

“En mi fracción estamos porque se respeten las condiciones y conquistas laborales de los maestros, pero definitivamente estamos en contra de actitudes y prácticas que dañan la educación. Estamos en contra de la venta de plazas”, dijo Arnoldo Ochoa.

Miguel Ángel Solares destacó que en el marco de la venta de plazas, la titular de la SEP declaró recientemente que éstas eran del Estado “¿pero qué ha hecho el Estado para evitar la venta? ¿Es cierto que participan autoridades de la SEP? A la fecha nadie ha desmentido el dicho de la lideresa del SNTE”.

Vázquez Mota indicó que a raíz del examen de oposición se encontró un gran desorden en general, no sólo en la venta de plazas, sino que existía una falta de información y transparencia de la autoridad educativa y de quienes están en contraparte. “Aquí todos tenemos que asumir una responsabilidad importante”.

Resaltó que el próximo examen de oposición para maestros no será aplicado por autoridades de la Secretaría de Educación Pública, ni por grupos académicos, lo realizará, dijo, un organismo independiente, a fin de evitar suspicacias y que den certeza al magisterio.

Al fijar la postura de su fracción parlamentaria, el diputado del PAN, José de Jesús Solano Muñoz, refirió que es indudable que nuestro país requiere urgentemente la transformación del sistema de educación; sin embargo, abundó, una reforma de tal magnitud necesita necesariamente un amplio consenso entre todos los actores involucrados en el ámbito educativo.

“Hoy, el primer paso se ha dado, no sin las complicaciones que se generan cuando se tocan los intereses particulares o de grupo, intereses que por largos años se han enquistado y con ello frenado los procesos de transformación educativa”.

A su vez, el legislador Ignacio Rubio Chávez, también del PAN, reconoció que la calidad de la enseñanza que se imparte en el sistema educativo mexicano, sigue siendo uno de los aspectos que más preocupa a la ciudadanía.

En tanto, Adrián Pedrozo Castillo (PRD) declaró que autoridades educativas han solapado el pago ilegal de más de seis mil aviadores y comisionados sindicales, que cuestan al erario mil millones de pesos.

Acotó que un millón de mexicanos mayores de 15 años de edad no han terminado la educación básica, “al inicio del actual sexenio se registraban 32.5 millones de personas en esa situación; para el 2008 la cifra se elevó a 33.4 millones. La matrícula en primaria es de 91.7 por ciento de la población, es decir, más de 10 millones de mexicanos no la están cursando”.

El diputado José Rosas Aispuro Torres (PRI) expresó que derivado de la descentralización impulsada en 1992 se generaron una serie de programas con mecanismos desiguales como los acuerdos salariales, que se hacen de forma unilateral por el Gobierno Federal y que para 2009 dará como resultado que 22 entidades cuenten con menores recursos.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Faustino Estrada González (PVEM) denunció que las diferencias entre la educación pública y privada son notorias, sobre todo en las zonas rurales. Por ello, pidió se explicaran los subejercicios reportados en diversos programas a cargo de la dependencia; “en educación rural sólo se han ejercido 44.3 millones de pesos, de los 155 millones destinados”.

En su oportunidad, los diputados Ariel Castillo Nájera, de Nueva Alianza, Abundio Peregrino García (PT), Patricia Castillo Romero (Convergencia) criticaron el actual sistema educativo.

Patricia Castillo Romero comentó que será a través de una educación de calidad como se pueda proteger a la sociedad para evitar que caiga en el narcotráfico y la delincuencia organizada.

El legislador Abundio Peregrino García señaló que a pesar de que desde 1992 las autoridades en México emprendieron un ambicioso esfuerzo de modernización educativa, hasta la fecha no se ha podido concluir; por lo que urgió a impulsar una política de Estado acorde a las actuales exigencias.

El diputado Ariel Castillo Nájera reconoció que el actual sistema educativo nacional se encuentra inmerso en una severa crisis, por lo que hizo un llamado para revertir dicha situación. “Es necesario construir una auténtica política educativa de Estado”.
Enseguida, José Luis Varela Lagunas (Convergencia) se refirió a las condiciones educativas de los pueblos indígenas que aún se caracterizan por ser “rudimentarias”.

Al dar respuesta a los cuestionamientos, Josefina Vázquez Mota, titular de la SEP, coincidió en que se requiere impulsar una política de Estado en materia educativa, a fin de seguir fortaleciéndola en todos sus niveles y que la dependencia a su cargo trabaja para preservar una educación pública laica, gratuita, obligatoria y, sobre todo, de calidad.

En su comparecencia con motivo de la glosa del segundo Informe de Gobierno, la funcionaria abordó el tema del conflicto magisterial en el estado de Morelos, derivado de las acciones implementadas a través de la Alianza por la calidad de la Educación, e hizo un llamado al diálogo y la concertación.

Indicó que la Secretaría de Educación Pública difícilmente podrá estar en desacuerdo con los objetivos de esa alianza de padres de familia, autoridades, sindicato, maestros, sociedad civil y académicos, “aunque hay voces que plantean otros mecanismos”.

“En Morelos siempre hemos insistido en el llamado al diálogo y la concertación. La prioridad es el regreso de todos los niños a las aulas, como ya sucede en 622 escuelas. Nuestra urgencia es el retorno a la normalidad educativa; por encima de cualquier interés está el derecho de los niños a educarse”, dijo.

Subrayó que el gobierno federal está interesado en agotar todas las posibilidades para reanudar el diálogo, sin embargo, abundó, “cuando los particulares buscan imponer su voluntad o intereses por sobre el Estado, éste tiene una obligación imperativa de actuar, porque al hacerlo protege los intereses públicos sobre particulares y salvaguarda la legalidad”.

Insistió que sería un gran error mirar la Alianza por la Calidad de la Educación a través de la óptica de la venta de las plazas y más grave sería ver al magisterio sólo por este asunto.

“La Alianza no se reduce a la venta de plazas, sería simplista e irresponsable pedirle al maestro que resuelva lo que nos compete. Para nosotros ha sido una gran preocupación que estoy segura, lastima incluso la dignidad y la vocación de muchos maestros, porque muchos de ellos lo vieron como un tema patrimonial.

Adelantó que los profesores podrán tener un bono de 100 ó 120 mil pesos al año, si es que en el aula sus alumnos demuestran un mejor desempeño en matemáticas, en español, en lecturas.

“Este incentivo nunca se había dado al magisterio, pero apuesta a la calidad, porque está vinculado al aprendizaje de los alumnos. En educación superior ya ha demostrado buenos impactos”.

Concluyó que la SEP respeta cualquier decisión de carácter sindical-laboral, en cuanto a la voluntad o libre albedrío de los trabajadores o del magisterio, pero su principal propósito es preservar la calidad de la agenda educativa nacional.

La secretaria de Educación Pública refirió que las 7 mil nuevas plazas otorgadas a raíz del examen de oposición, dan una garantía a los padres de familia. “Hoy esas plazas las ocuparon los mejores maestros”.

“Sé que hay suspicacias de quién hace el examen; después de tantas cosas pues también hay razones para tenerlas”, concluyó.

-- ooOoo --