Nuestro país atraviesa por momentos decisivos para el fortalecimiento y perfeccionamiento de sus instituciones, la consolidación de éstas es tarea fundamental que tiene el Poder Legislativo, para concretarla, es menester que los legisladores garanticen la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas, principios básicos de la ética política democrática que sin duda las autoridades gubernamentales están obligadas a obedecer y respetar, trátese a nivel federal, estatal o municipal.

La sociedad mexicana exige que las instituciones del Estado muestren un funcionamiento eficiente y eficaz, así como un ejercicio ético en la gestión pública, lo cual desafortunadamente ya son problemas permanentes que no se pueden ocultar; dichos problemas pendientes por resolver han llevado a la operacionalización inconsistente e índices de corrupción que han afectado la política económica y cultural de nuestro país.

Distintas voces señalan que ya es tiempo de que en México se construya un gobierno abierto y transparente, que trabaje de frente a la sociedad, en donde todos tengamos pleno conocimiento del porque de las acciones, y que se cuente con acceso permanente a cualquier información. Es cierto que se ha hecho el esfuerzo para lograrlo, pero la realidad demuestra que no se ha tenido éxito; ante ello, los diputados no podemos hacer caso omiso, por el contrario, nuestra investidura de representantes populares nos obliga a tomar decisiones y adoptar medidas para el mejor uso y destino de los recursos públicos, a fin de que se corrijan las deficiencias y se exijan responsabilidades.

La Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a la procuración de justicia vinculada al ejercicio de la función pública, durante la gestión administrativa del expresidente Vicente Fox Quesada en relación a los señalamientos del incremento de su patrimonio, es un Órgano Legislativo que buscará y tendrá el propósito de responder a través del marco de la legalidad, las distintas inquietudes de diversos sectores de la sociedad que exigen se aclare y transparente el origen de los recursos que contrastan diametralmente en la declaración patrimonial del ex titular del Poder Ejecutivo Federal, en razón de que su situación patrimonial es conocida por la generalidad de la sociedad, toda vez que se ha difundido en diversas medios de comunicación, así como por las denuncias públicas que se han hecho en relación a la familia Fox.

La actuación de ésta Comisión Especial deberá apegarse estrictamente a derecho, siendo congruentes sus integrantes con los principios de la alta responsabilidad inherente de su encargo legislativo, desenvolviéndose probamente y con respeto para con las instituciones, buscando siempre de manera plural como representantes populares, que se rindan cuentas transparentes a la nación; a fin de aclarar si hubo alguna desviación, malversación o utilización de recursos del patrimonio de los mexicanos.

Es menester reconocer que esta Comisión no cuenta con funciones de Ministerio Público, pero si podrá requerir e investigar toda información suficiente para cumplir con su cometido, así como de desempeñar cualquier acción para alcanzar el objetivo para el cual fue creada, acudiendo ante las instancias o dependencias que correspondan de acuerdo al marco jurídico aplicable.

De igual manera se deberá propiciar y facilitar la participación en los trabajos de investigación de todos aquellos interesados en coadyuvar para aportar elementos que clarifiquen el asunto que le ocupa, para lo cual deberá impulsar una directriz responsable, digna y transparente para hacer que dicho órgano legislativo contribuya de manera significativa, sentando bases y antecedentes, para que México se consolide como un país de entidades, instituciones y gobiernos fortalecidos y capaces de responder a la demanda e intereses del pueblo mexicano.

Cabe destacar que los integrantes de éste órgano legislativo nos encontraremos sujetos al escrutinio público por nuestro desempeño ante esta gran responsabilidad. El cometido será conocer y demostrar la verdad y, para el caso de que alguien haya dispuesto del patrimonio de los mexicanos tendrá que pagar por ello; por ende, categóricamente expresamos: no a la impunidad, no a la ilegalidad.

Es importante mencionar que ésta Comisión estará vigente hasta el once de abril de 2008, pudiéndose extender la temporalidad de su actuación si existiera alguna auditoría en curso, solo hasta el tiempo en el que esta concluya; teniendo dicho órgano legislativo la obligación de entregar a la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, un informe de actividades a su término, lo cual también habrá de hacerse público para conocimiento de toda la sociedad mexicana.

Asimismo es elemental precisar que la Comisión estará a instancia de los otros Poderes de la Unión, para coordinar y consolidar las acciones que en su momento se ejerciten, para lo cual ambos poderes, Ejecutivo y Judicial, serán parte fundamental en esta encomienda, puesto que tendrán que demostrar de manera efectiva si existe voluntad política e impartición de justicia, respectivamente.

Regresar